La subida salarial a los profesores valencianos ha quedado en el aire tres semanas después de pactarse. La Generalitat Valenciana firmó en el marco de la huelga educativa indefinida con CSIF y ANPE un incremento retributivo de hasta 200 euros al mes hasta 2028, pero su aplicación está en duda.
La consellera de Educación, Carmen Ortí, no llegó a asegurar en una entrevista en À Punt que los docentes vayan a cobrarla en septiembre, fecha en la que supuestamente debería entrar en vigor. "El tema está sobre la mesa para conseguir que puedan sumarse las otras tres organizaciones sindicales que a día de hoy no la respaldan", dijo.
"A nosotros nos gustaría que pudiera hacerse efectiva", agregó la alto cargo del Gobierno valenciano. Su respuesta en condicional generó un importante revuelo entre los representantes del profesorado, que pedirán explicaciones en las próximas reuniones. Pero llegado este punto, cabe preguntarse: ¿está obligada la Generalitat a pagarla?
El desarrollo legislativo que existe sobre los acuerdos de las mesas de negociación con las administraciones públicas no es demasiado extenso. De hecho, la normativa que rige para este caso sería directamente la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
Como punto de partida, esta no establece en ningún casoque para que un acuerdosea válido o deba ejecutarse de forma obligatoria, este deba haber reunido el apoyo de la mayoría de la representación sindical. CSIF y ANPE suman el 30% del profesorado.
Ahora bien, lo que sí determinaría la norma básica estatal es cuándo los acuerdos comenzarían a desplegar sus efectos jurídicos.
El TREBEP regula en su artículo 38.2 que los pactos o acuerdos "se celebrarán sobre materias que correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente". En este caso, a los profesores.
El siguiente apartado dicta que para que estos tengan "validez es necesaria su aprobación expresa por parte de los órganos competentes de las administraciones públicas".
"Cuando tales acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación", agrega este mismo artículo.
Con este redactado, los sindicatos firmantes subrayan que el pacto sería vinculante y de obligado cumplimiento para el Consell.
Sin embargo, otras fuentes jurídicas consultadas por este diario advierten que el debate va más allá. Según el artículo 38.6 de la norma básica, "una vez ratificados, deben ser remitidos a la Oficina Pública que cada administración competente determine y la autoridad respectiva ordenar su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial".
Esto significa que, a pesar de haberse firmado por parte de la Generalitat y dos sindicatos, para que el texto adquiera un vínculo jurídico, debería remitirse al pleno del Consell para ser ratificado y posteriormente publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Un paso que, conviene apuntar, todavía no ha ocurrido a pesar de que el pacto fue firmado el 25 de mayo. En definitiva, estas fuentes apuntan a que hasta que eso no ocurra, el Gobierno valenciano no tendría la obligación legal de pagar. Por tanto, el pago ahora mismo dependería de una "mera cuestión de voluntad".
Desde CSIF, por el contrario, rebaten esta tesis al entender que no es necesaria la publicación en el boletín oficial autonómico porque se trata de una "modificación presupuestaria" y el acuerdo, "salvo impugnación que pueda demostrar mala fe negociadora -con lo que amenazó STEPV, pero que tampoco ha ocurrido-, se aplican".
Los antecedentes de Sanidad
El escenario de ahora, conviene apuntar, reproduce exactamente al que se produjo al principio de legislatura en el ámbito sanitario con el acuerdo para reducir lajornada laboral de los sanitarios a 35 horassemanales.
El Gobierno valenciano de Ximo Puig pactó con los sindicatos esta reducción horaria. A diferencia del pacto salarial, en este caso todos la apoyaron en la mesa de negociación.
La medida, sin embargo, no llegó a entrar en vigor a pesar de estar firmada, dado que el ejecutivo de izquierdas dejó pendiente el informe de impacto económico que debía acompañar este acuerdo. Sin él, no podía publicarse en el DOGV y, por tanto, tampoco entrar en vigor.
El acuerdo de la subida salarial a los docentes cumpliría, así, las mismas circunstancias. Y aunque tampoco ha trascendido el informe de impacto económico de este acuerdo, lo cierto es que el hecho de haber sido presupuestado en las cuentas autonómicas de 2026 sugiere que, en este caso, sí se habría realizado.
La duda que queda ahora es si la Generalitat publicará antes de septiembre el acuerdo en el DOGV o si, en caso de no hacerlo, aplicará el incremento retributivo aunque este no adquiera fuerza vinculante.
Una incógnita que se despejará, en cualquier caso, bajo la advertencia de STEPV, CCOO y UGT de volver a convocar la huelga a principio de curso si así lo deciden los docentes.
El incremento planteado y que ahora queda en entredicho era de 75 euros más brutos al mes a partir del mes de septiembre, otros 75 a partir de enero de 2027 y 50 más el 1 de enero de 2028. En total 200 euros que, según el Gobierno valenciano, irían ligados al IPC en su totalidad.