La Generalitat Valenciana y los sindicatos docentes comenzaron este lunes a encarrilar un principio de acuerdo para tratar de desconvocar la huelgaeducativa indefinida que suma ya 21 jornadas lectivas consecutivas en las aulas de los centros públicos.

La mesa de negociación, que de nuevo se retransmitió por streaming como la de la semana anterior para poder ser consultada por el profesorado, sirvió para analizar punto por punto el redactado de la propuesta definitiva de la Conselleria de Educación sobre ratios, burocracia, infraestructuras, inclusión, plantillas, FP, valenciano o salarios.

Un formato que permitió, tras el inicio de la quinta semana de paro indefinido, empezar a hallar puntos de encuentro con la intención de salir de la sala con un documento que someter a consulta a los docentes: los sindicatos puntualizaban las mejoras que querían que se introdujeran sobre el texto y estas eran aceptadas, o no, por la administración.

No será, sin embargo, hasta este martes cuando la Conselleria traslade un documento definitivo para que puedan hacerlo. Y la mesa se retomará el próximo jueves para conocer el resultado de la consulta que realicen los sindicatos, por lo que a priori no se espera un acuerdo hasta finales de esta semana.

Con todo, la sesión de este lunes arrancó con media hora de retraso. El sindicato mayoritario, STEPV, reclamó contar con un representante más en la reunión. Hasta ahora eran dos las personas que podían entrar en la sala por cada sindicato. Pero su portavoz, Marc Candela, aseguró que tenían seis representantes en la mesa sectorial y por ello tenían derecho a tres.

El departamento dirigido por Carmen Ortí accedió a ello, si bien apuntó a que ello tendría que corregirse de algún modo sobre las otras organizaciones. Es decir, que alguno perdería un representante en la reunión.

Superado este debate, la mesa comenzó con el epígrafe que más consenso ha generado desde el principio: el de la reducción de la burocracia. Un punto en el que, de nuevo, STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE reiteraron que era el más desarrollado y que generaba más aceptación entre el profesorado, por lo que apenas realizaron apreciaciones.

Su duración apenas tuvo nada que ver con la del debate sobre las ratios. Si la consellera de Educación subrayó los avances que se habían producido en el redactado de esta parte de la propuesta, los sindicatos lamentaron haber tenido que esperar casi un mes para ver reflejada una oferta como esta sobre el papel.

Así, reclamaron topes más ambiciosos para el primer ciclo de Infantil y Formación Profesional, así como incluir la oferta semipresencial en el documento. También pidieron mejoras en lo que respecta a las aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios para atender a alumnos con necesidades especiales).

En este sentido, STEPV pidió que el texto recogiera la posibilidad de que las que superen los ocho niños, el límite establecido en la oferta de Educación, puedan volver a esta cifra en los próximos cursos.

El secretario autonómico, Daniel McEvoy, se mostró predispuesto a aceptar las peticiones, entre las que se encontraba, por ejemplo, anular referencias a que determinadas medidas se realizarían "en función de la disponibilidad presupuestaria" del curso en cuestión.

No obstante, recordó que en cualquier caso es una disposición obligatoria: "Esto es como la verdad del Evangelio", resumió a los presentes.

"No nos fiamos"

El tercer bloque cuya redacción habrían encarrilado es el de las infraestructuras educativas. Un epígrafe que, eso sí, fue el que más tensión generó durante el encuentro: "Queremos ver todas las inversiones en los centros dana, que estén claras y no dejarlo para analizar la ejecución en futuras mesas", dijo Candela.

El portavoz del sindicato mayoritario reclamó asimismo que todos los datos estén reflejados sobre el papel. "No nos fiamos de vosotros, hay centros con cero ejecución en 20 meses, para ser una prioridad, la realidad dista mucho de que así sea", dijo Beatriu Cardona, también de esta organización sindical.

Con todo, tras un encontronazo con el director general de Infraestructuras, que reprochó el tono del encuentro en este punto -"parece un debate de Les Corts Valencianes y no una mesa de negociación", dijo- la Conselleria accedió a trasladar un anexo con el estado de ejecución de cada obra en los centros.

En este apartado, los sindicatos insistieron en que el Gobierno valenciano debe priorizar el estado de los centros que todavía cuentan con barracones.

El Ejecutivo, conviene apuntar, planteó la semana pasada una serie de inversiones para los próximos cuatro años con un desembolso total de 1.409,7 millones de euros.

Dentro de esto, se prevé una inversión de 140 millones de euros entre 2026 y 2029 para climatizar "el 100% de las aulas" de los centros públicos.

El Plan, denominado Edu Clima, pretende dar respuesta a las quejas de profesores y familias que a lo largo de estas semanas no han dejado de hacer públicas imágenes de termómetros marcando hasta 32º en algunas clases. Una circunstancia que complica el día a día en la enseñanza y pone en riesgo la salud de docentes y alumnos.

Este ejercicio se destinarán 32 millones de euros para acondicionar algunos centros, mientras en los próximos ejercicioslos fondos aumentarán hasta los 36 millones por año. Para los centros de la zona dana se reservan 2 millones de euros este ejercicio.

En este epígrafe, el Gobierno también se compromete a "impulsar" el Plan Edificant, ideado precisamente para acabar con las aulas prefabricadas. Para él, se destinarían 829,7 millones a razón de 200 millones cada ejercicio entre el periodo 2027-2029. Para este año, sin embargo, el montante asciende a 229,7 millones.

El Plan de Inversión Directa estaría dotado con 400 millones y el PlanRecole, con 40. Este último pretende ofrecer una línea de subvenciones a los ayuntamientos para mejorar los centros propiedad municipal.

La intención sería que pudieran solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera.

A la espera de documento definitivo

Tras un receso a mediodía, la reunión continuó con la consellera repasando cada una de las matizaciones que había pedido cada sindicato en los tres puntos abordados. Y la negociación prosiguió con el punto dedicado a la inclusión educativa.

La directora general de Inclusión, Xaro Escrig, aseguró que las reclamaciones sindicales de aumento de personal quedaban recogidas en el aumento de plantillas. Y aseguró que, de los docentes que pasan a ser estructurales, la mitad son profesionales de inclusión. Asimismo, también habrá nuevas incorporaciones en este sentido.

Aunque el encuentro continuó con el debate sobre la Formación Profesional, pasadas las 19:00 horas de la tarde, Educación advirtió que el documento definitivo no podría estar listo el mismo lunes. En su lugar, McEvoy trasladó que se les remitiría el martes: "En cuanto podamos, para hacer ese trabajo de redacción con la atención que merece", expuso.

Con el fin de la jornada, llegó el turno del valenciano. STEPV, UGT y CCOO pusieron sobre la mesa los "nulos" avances en el redactado de esta propuesta. Sus reivindicaciones van en la línea de derogar la Ley de Libertad Educativa, precisamente en una jornada en la que el TSJ valenciano avaló la consulta realizada por el Ejecutivo valenciano.

La Conselleria, no obstante, ha advertido en varias reuniones que no es una competencia del poder ejecutivo, sino que depende en todo caso del legislativo. Es decir, de Les Corts, por lo que los sindicatos se mostraron dispuestos a presentar enmiendas para tramitarlas en el parlamento.

El punto, con toda probabilidad, será el que generará más disenso entre STEPV y el departamento situado en la avenida Campanar, como también el relativo a la subida salarial. Todos los sindicatos de izquierdas exigieron reabrir la negociación del mismo al entender que había mala fe negociadora.

Con el borrador del acta de la sesión del día 25 de mayo -cuando el pacto fue sellado con CSIF y ANPE-, los tres sindicatos reiteraron que tan solo los 50 euros de incremento de 2028 iban ligados al IPC y no los 200 en su totalidad, por lo que la interpretación que ellos habían dado no era errónea, sino que así lo había expuesto la Conselleria.

Educación propuso clarificar mediante una adenda este apartado, pero tan solo permitirá adhesiones a "un acuerdo ya firmado", en relación a la rúbrica con CSIF y ANPE.