¿Le compensa a Vox entrar en el Gobierno valenciano la próxima legislatura? La respuesta a esta pregunta ha abierto un debate a la interna dentro de esta formación, que ha vuelto ya a formar parte de varios ejecutivos autonómicos tras el ciclo electoral de Extremadura, Aragón, Castilla y León y (aunque no hay todavía acuerdo) Andalucía. Y no son pocas las voces que consideran que en el caso de la Comunitat Valenciana les renta quedarse fuera.

Lo primero que hay que entender de cualquier partido nacional a estas alturas es que la dirección lo decide todo. De manera que será Santiago Abascal quien determine la estrategia en lo que respecta a la Generalitat. Primero, como no puede ser de otra manera, la derecha tendría que ganar las elecciones. La mayoría de encuestas hasta la fecha -salvo las del PP, que reflejan una victoria más holgada- dan un empate técnico entre bloques.

La Comunitat aparece, de esta manera, como una plaza fundamental para las formaciones de izquierda y derecha (sobre todo para el PP y el PSOE), que además condicionará el resultado de las generales.

Si volviera a ganar la derecha, la estrategia que Vox está llevando en otros territorios indica que regresaría al Gobierno valenciano. Además, con más competencias que la pasada legislatura. Los propios sondeos del PP les dan hasta 20 escaños frente a los 13 que tienen ahora en Les Corts. Si esto se tradujera en representación dentro del Ejecutivo, supone que podrían tener 4 consellerias y una vicepresidencia.

Estos cálculos ya se están haciendo dentro del Ejecutivo autonómico, ante la posibilidad de que los cargos de algunos departamentos no continúen la próxima legislatura.

Sin embargo, no parece que la decisión definitiva esté tomada y existen miembros de Vox partidarios de no volver al Gobierno. De hecho, hay quien tampoco recuerda con especial cariño el paso de este partido por el Consell. Si bien quedó patente que la salida en julio de 2024 no fue compartida por muchos en aquel momento, ahora reconocen que se trató de la decisión correcta. No les ha penalizado en las encuestas y han continuado condicionando la gestión de la Generalitat.

Y este último es, en realidad, el argumento principal para no regresar. Vox ha tenido una elevada capacidad de presión sobre el PPCV durante los dos últimos años. Ha sabido introducir las cuestiones más ideológicas en su discurso en el Parlamento autonómico y ha condicionado leyes tan relevantes como las de presupuestos.

En estos procesos de negociación, los populares han reconducido también muchas de las expectativas de Vox en algunos asuntos polémicos, pero las cesiones han sido evidentes. Recortes a patronal y sindicatos o a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), rebaja de la perspectiva de género o endurecimiento de requisitos para extranjeros a la hora de obtener prestaciones públicas como la Renta Valenciana de Inclusión son algunos ejemplos.

Está por ver precisamente cómo quedan las enmiendas a las cuentas de este año. Vox ya ha puesto sus condiciones para apoyarlas. Entre ellas, vincular el acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y vivienda pública a un periodo reforzado de residencia prolongada, trayectoria de cotización e integración efectiva en el territorio; o prohibición del uso del burka, el nicab y cualquier otra prenda que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos.

Aunque la redacción de algunas normas quede más abstracta por intervención del PP o la ejecución de lo prometido en presupuestos a veces ni siquiera se cumpla, Vox utiliza los logros de las cesiones para dirigirse a su electorado y armar su discurso. Algo que, además, potencia la oposición (PSPV y Compromís) para atacar a los populares. Y todo desde fuera del Gobierno.

Pero hay, además, otros factores que influyen en este debate sobre la conveniencia o no de regresar al Ejecutivo. Uno es que la relación entre el PP y Vox es realmente buena en la Comunitat Valenciana. Algo que no se replica ni mucho menos en el resto de territorios. El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, mantuvieron -y en el caso de Llorca mantiene- buena sintonía con los cargos de Vox.

Sucedió dentro del propio Gobierno y también sucede ahora en el Parlamento. Esto supone que el hecho de entrar al Ejecutivo para 'controlar' que los populares cumplen con todo lo pactado no sea tan determinante a la hora de tomar la decisión, pues existe confianza en la palabra de ambas formaciones pese a los intereses contrapuestos que puedan tener en algunos momentos.

La necesidad de cuadros

A ello se añade, indican algunas fuentes, que tampoco es que Vox cuente con muchos cargos preparados para la gestión pura y dura. No solo se trata de consellers, sino de miembros para los segundos y terceros escalones de los departamentos.

Al inicio de la legislatura, fueron tres sus representantes en el Ejecutivo: el vicepresidente primero y responsable de Cultura, Vicente Barrera; la consellera de Justicia, Elisa Núñez, y el titular de Agricultura, José Luis Aguirre.

Pasado todo este tiempo, Barrera apunta a cabeza de lista en el Ayuntamiento de Valencia, mientras el partido tiene claro que también recuperará a Aguirre para un puesto de importancia pero no parece haber decidido cuál. Núñez, por su parte, se dio de baja de Vox y se encuentra totalmente desvinculada.

Si dentro de la formación se pide balance, algunas fuentes opinan que la conselleria de Agricultura sí fue un buen ejemplo de funcionamiento. No dicen lo mismo respecto a Cultura, aunque admiten que Barrera tiene un importante tirón electoral.

Así pues, hay quien cree que alejarse de la gestión sigue siendo la mejor opción. Pero todo dependerá de Abascal.