El PSOE valenciano denunció este jueves una permuta municipal "irregular" con una promotora que ha dejado a 39 familias sin vivienda de protección oficial.
Se trata de una operación entre el Ayuntamiento de Valencia y la constructora Domio en la que entregaba 39 viviendas de protección pública ya construidas en el barrio de Patraix a cambio de suelo municipal para 250 inmuebles y 1,7 millones de euros.
La "irregularidad" se debe a que uno de los requisitos del pliego de condiciones era que las viviendas no estuvieran comercializadas, pero la constructora que resultó adjudicataria había alcanzado acuerdos de venta con esas familias, según explicó el portavoz socialista, Borja Sanjuán.
Esta permuta hace referencia a un edificio residencial de ocho plantas situado en la calle José Roca Coll de Patraix con 39 viviendas de 90 metros cuadrados. Las familias afectadas entregaron 1.000 euros como reserva de las viviendas, que tenían un precio de 230.000 euros más IVA.
A cambio de este edificio de Patraix, el Ayuntamiento permutó cuatro solares edificables en los barrios de Malilla y Nou Moles, que también deberán dedicarse a la construcción de viviendas de protección pública.
El portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuán. EE
La valoración de estas cuatro parcelas municipales es de 7,9 millones de euros, según el pliego de condiciones de la permuta.
Sanjuán aseguró que la empresa solo podía resultar adjudicataria si presentaba una declaración responsable garantizando que cumplía con todos los requisitos, algo que, sin embargo, no sucedía.
Pese a todo, según relató, el Ayuntamiento le otorgó la permuta, lo que "implica que o se aprobó el acuerdo irregularmente o se falsificó la documentación".
Fiscalía
"Nos hemos reunido con las familias afectadas y nos han aportado la documentación que demuestra que la empresa quiso rescindir el acuerdo que habían alcanzado para comercializar las viviendas e incluso que se ofreció a devolverles el dinero", añadió.
En este sentido, avanzó que llevarán el caso a la Fiscalía y reclamó al Ayuntamiento de Valencia que paralice la operación.
"La alcaldesa, María José Catalá, debe aclarar inmediatamente si era conocedora de esta situación o si autorizó la operación siendo consciente de que la empresa ya había apalabrado las viviendas con 39 familias valencianas que cumplían los requisitos para recibir una vivienda protegida pública", aseguró el líder socialista.
Por su parte, el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, afirmó que el proceso ha sido "limpio" y "correcto" y acusó al PSOE de "intentar tapar los escándalos, como el caso de abuso sexual en la Policía".
"Lo que es raro es que justamente el PSOE sea el que quiere poner ahora palos en las ruedas cuando hay un gobierno que quiere crear vivienda pública", afirmó.