El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira (Valencia) ha acordado investigar a una trabajadora de la guardería de Algemesí por si con su conducta evitó alertar de los presuntos maltratos.
En concreto, la propietaria de este centro fue denunciada por malos tratos a los menores del centro, que tenían entre 9 meses y 3 años. Los golpeaba y encerraba.
Con esta investigación se pretende determinar si la trabajadora pudo incurrir en alguna conducta omisiva en relación a los hechos que se investigan, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Por esta causa figura ya como investigada la dueña del establecimiento, una mujer de 55 años a la que el juzgado dejó en libertad con las medidas cautelares de prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados y de acudir al centro mientras se tramita la causa judicial.
Además, le prohibió desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, relacionada con menores en ese tiempo.
La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.
Según informó en su momento la Policía, la dueña fue detenida a finales de enero porque presuntamente zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores, de entre nueve meses y tres años, que tenía a su cargo en su guardería infantil.
Según informaciones publicadas, el arresto de la mujer se produjo a raíz de denuncias del personal del centro, que alertó de los posibles malos tratos.
La trabajadora citada ahora para declarar como investigada por el juzgado estaría de baja en el momento en que se produjo la detención de la dueña.
De acuerdo con una información publicada por ABC, una trabajadora grabó durante cinco meses 21 vídeos que aportó a la Policía con los supuestos malos tratos.
Estos incluyen empujones, obligar a un niño a comer mientras que le tapaba la boca y la nariz con la mano hasta hacerle sentir arcadas o pinchar a otro en el pie con una chincheta porque se quedaba descalzo.
El magistrado encargó a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remitiera los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.
La Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Algemesí se coordinaron para, cerrada la guardería y una vez filiadas las familias afectadas, ofrecerles alternativas dirigidas a garantizar la escolarización de los menores en otros centros.