El catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Politécnica de València e ingeniero agrónomo José María García Álvarez-Coque ha reclamado que cualquier cambio regulatorio que se haga en la Ley de la Huerta que aprobó el Gobierno de Ximo Puig en 2018 se base en análisis rigurosos.
El experto agrónomo advierte en un artículo titulado "La huerta de Valencia, más allá de las simplificaciones" que no hacerlo supondría poner en riesgo uno de los paisajes agrícolas más valiosos del Mediterráneo.
En el citado análisis estudia la situación de la agricultura en Valencia y las comarcas de la huerta con motivo del aniversario de la derogación parcial de la ley aprobada en 2018 para proteger este paisaje agrario y modificada en 2025 por el actual Gobierno valenciano.
Conviene apuntar que el Gobierno central con Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica decidió paralizar los proyectos para encauzar el barranco del Poyo en 2021 alegando "problemas ambientales" y falta de presupuesto, o una "visión del coste-beneficio".
Con lo primero, señalaba a la Ley de la Huerta, mientras que el segundo argumento se refería a la falta de inversión presupuestaria por parte del Estado a pesar de que sí invirtió 33,7 millones de euros en obras hidráulicas en el Ebro ese mismo año.
La mencionada norma creó el Consell de l'Horta, un órgano que emitió en su día informes contrarios a las actuaciones en el barranco del Poyo. Una zona que ha visto fracasar hasta 9 proyectos desde 1994.
El argumento ofrecido por el Ejecutivo central, no obstante, chocó con declaraciones de compañeros de partido. La consellera de Infraestructuras valenciana en aquel momento, María José Salvador, desmintió que la Ley de la Huerta fuera una traba para el desarrollo de esta actuación.
Salvador sostuvo en sede parlamentaria que el Gobierno tuvo "informes favorables condicionados". Documentos vinculantes del mencionado Consell de l'Horta que habían sido elaborados por consultoras externas.
Plan Simplifica
El Ejecutivo autonómico ha aprobado un decreto de simplificación administrativa que recoge la necesidad y urgencia de implantar líneas de ayudas para compensar los perjuicios derivados de las limitaciones al cultivo, pero el experto cree que el debate no debería agotarse en la compensación.
Para García Álvarez-Coque, si la huerta se protege por los servicios ambientales, paisajísticos y territoriales que presta a la sociedad, las políticas públicas deberían orientarse no solo a indemnizar restricciones, sino también a fomentar activamente la producción de esos bienes públicos.
En segundo lugar, considera que es "poco riguroso" contraponer la urgencia de preservar la calidad del suelo y del paisaje con las necesarias medidas de prevención frente a eventuales daños derivados de episodios climáticos extremos.
En conversación con la Agencia EFE, el experto señala que el argumento de que la superficie cultivada se ha ido abandonando de forma acelerada a partir de esta ley no es exacto porque para razonarlo se usan datos del Portal Estadístic de la Generalitat para decir que la superficie cultivada fue del 17% entre 2018 y 2023.
Sin embargo, el catedrático asegura que evaluar la ley comparando únicamente cuánta superficie existía antes y cuánta hay después de su aprobación resulta metodológicamente incorrecto.
Si la tendencia de fondo es la pérdida de suelo agrario, es posible que la superficie continúe disminuyendo incluso cuando la política tuviera efectos positivos. La pregunta no es si después de la ley se pierde suelo agrícola, sino si se pierde más o menos de lo que se habría perdido sin ella.
La evidencia acumulada por la Universitat Politècnica de València, a partir de datos del Portal Estadístic de la Generalitat, muestra que, entre 2012 y 2018, la superficie de cultivos de regadío en la zona mantenía cierta estabilidad, mientras que pasó a caer el 2,5 % de media anual entre 2019 y 2023.
Este cambio de tendencia muestra un retorno a una dinámica de deterioro de largo recorrido del regadío en la zona, que no puede atribuirse de forma directa a la ley, sino a dinámicas previas ya existentes.
De 2019 a 2023, la tasa anual de caída del regadío de los municipios sin protección fue de un 3%, frente a una tasa de caída más contenida, en torno al 2%, en aquellos con algún grado de protección.
Además, el efecto de la protección no es lineal —los municipios con protección intermedia de grado 2 pierden menos superficie—, lo que sugiere que el debate no debería centrarse en proteger más o menos, sino en cómo se diseña la protección.
De ahí que el experto reclama un "ajuste fino" en las políticas y analizar qué aspectos se pueden modificar desde una perspectiva "técnica, desapasionada y rigurosa", y afirma que en la norma, más que elevar la superficie a proteger, se podría ajustar el contenido de la protección y lo que se exige en cada nivel (hay tres niveles).
Respecto a las compensaciones, señala que son bajas y no resuelven "nada" a un propietario minifundista.
García Álvarez-Coque apela a una cuestión que está por desarrollar, el mercado de carbono, en el sentido de calcular la capacidad de absorción de dióxido de carbono en los cultivos y compensar al agricultor por ella.
El catedrático ha colaborado como asesor o consultor de instituciones europeas, la FAO y Comunidad Andina. Ha sido investigador visitante del Instituto Internacional para la Investigación de Política Alimentaria, y presidente de Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas de la OCDE,
En el ámbito mediterráneo es frecuente colaborador del Centro Internacional de Estudios Avanzados del Mediterráneo (CIHEAM, Paris), y actualmente es miembro del Consejo Asesor del Centro Mundial de Alimentación Sostenible.