Valencia ampliará a 45 años la edad para acceso prioritario y exigirá siete años de empadronamiento para acceder al alquiler social.
Estas son algunas de las medidas que presentó este lunes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dentro del 'Plan Estratégico + Vivienda', para hacer frente a la crisis de la vivienda.
La alcaldesa señaló que el nuevo paquete de iniciativas gira en torno a tres ejes: más vivienda asequible para los valencianos, mayor oferta y reformas normativas para una ciudad adaptada al siglo XXI.
El Consistorio renovará los criterios para acceder al alquiler asequible. Se amplía el acceso prioritario para las personas jóvenes, de 35 a 45 años y se exigirá como requisito el arraigo.
En concreto, será indispensable para inscribirse en el Registro de Demandantes de Vivienda el empadronamiento en la ciudad en los últimos siete años, con el objetivo de "priorizar a quienes han construido su proyecto vital en Valencia".
Sobre si esta nueva condición podría afectar a personas migrantes, la alcaldesa aseguró que estas personas pueden acceder a vivienda a través del área de bienestar social.
Seguro para alquiler
Por otra parte, se creará la agencia municipal del alquiler con la que el Ayuntamiento pretende movilizar las viviendas vacías de la ciudad, con un seguro para los propietarios ante posibles impagos.
A cambio de esta garantía, el Consistorio exigirá a los dueños que el precio al que alquilen sus pisos sea un 20% menos del precio de mercado.
Otra de las iniciativas explicadas por Catalá es la construcción de vivienda dotacional en excedentes de suelos reservados para servicios públicos, pero que en los últimos 35 años no han tenido ningún uso.
La alcaldesa comentó durante la rueda de prensa de presentación del paquete de medidas que hay terrenos donde estaba prevista la edificación de centros escolares, pero que finalmente no ha sido así.
Asimismo, abogó por llevar a cabo acuerdos de responsabilidad social con promotores para que reserven un cupo de vivienda de protección pública. En este punto, la primera edil señaló que están haciendo esfuerzos para reducir la lista de espera del registro de demandantes, que está en unas 2.000 personas, y que "ahora le toca al sector privado contribuir".
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, añadió que esta reserva por parte de la empresa privada sería voluntaria.
Actualizar el PGOU
Finalmente, el Ayuntamiento actualizará el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras 35 años. El primer objetivo, según explicó, es aumentar la densidad residencial, pasando de 75 a 140 viviendas por hectárea. Con esta medida, se podrían construir 800 inmuebles.
El segundo es la división de grandes pisos con dos accesos, lo que permitiría aumentar la oferta, aunque esta iniciativa dependerá de "la voluntad del propietario".
Finalmente, la alcaldesa recordó la posibilidad de reconvertir los pisos turísticos en viviendas siempre y cuando cumplan con los criterios de habitabilidad. En la ciudad, según los datos del Consistorio, unas 2.000 viviendas podrían acogerse.
"El problema de la vivienda no es un problema local, es una crisis nacional", afirmó Catalá, al tiempo que exigió al Gobierno central que construya vivienda pública en los solares de titularidad estatal que están parados.
1.000 viviendas
Por otra parte, el concejal de Urbanismo hizo balance del plan. Afirmó que están en marcha 1.000 viviendas de protección pública, que se han conseguido gracias a construcción directa, a adquisición de inmuebles existentes para destinarlo a alquiler asequible y a la colaboración público-privada.
En este sentido, aseguró que la inversión se ha multiplicado por 11 frente a los gobiernos anteriores, pasando de los 60 millones actuales a los 5,5 millones en las dos últimas legislaturas.
Además, señaló que el número de adjudicaciones de viviendas de alquiler es de 160 y el parque público de vivienda consta de 446 nuevos pisos.