La jueza de la dana ha emitido este lunes cuatro autos en los que, más allá de la aceptación o rechazo de diligencias solicitadas, entra a realizar valoraciones sobre dos de los principales argumentos de la Generalitat, de Carlos Mazón y de los investigados en todo lo relativo a la gestión de la dana. 

De un lado, el motivo del envío de la alerta. Tanto el Gobierno autonómico como los investigados -la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso-  aseguran que el mensaje se envió por el riesgo de la presa de Forata. 

De otro, la atención puesta al barranco del Poyo en el Cecopi de la tarde de la dana. Al igual que en el caso anterior, el Ejecutivo y los imputados -además de diversos testigos- señalan que no se habló de su gravedad en ningún momento antes del envío del Es-Alert. 

La jueza hace hincapié en que hay "elementos determinantes en el análisis de la negligencia", como es la existencia de información suficiente, la causa y el origen de la alarma, la competencia en el control de los barrancos o la vigencia de la alerta hidrológica. 

Respecto a la causa y origen del envío del mensaje, la magistrada remarca que "ha sido confirmado plenamente durante la instrucción que el mismo "nunca se emitió por riesgo de rotura de la presa de Forata".

"Afirmar que se envió como consecuencia de una eventual rotura de la presa de Forata, llegándose a fijar incluso una hora concreta en la que la presa colapsaría, no solo es un bulo, sino que sería igualmente absurda su remisión con el contenido ya conocido", afirma. 

"El carácter tardío y erróneo del mensaje, de la simple alerta a la población que se podía haber transmitido por otros medios, es algo obvio: por la causa de los fallecimientos y por el momento en que se produjo en la inmensa mayoría de los casos", añade.

Mensaje descartado de Forata

La jueza menciona declaraciones de tres testigos que participaron en el envío del Es-Alert. Uno  de ellos aseguró que, entre las 18:10 y las 18:15 horas, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, les dijo que tuvieran abierto el mensaje por Forata.

Posteriormente, como declaró otro técnico, desde el Cecopi se descartó el borrador referido a Forata porque ese mensaje ya no se iba a enviar. Así, recuerda la magistrada, se les dio la orden de pasar a situación 2 de Emergencia en toda la provincia de Valencia y de que se preparara el mensaje a esta parte del territorio.

Dicho testigo, prosigue la instructora, siguió afirmando que se canceló el contenido del mensaje referido a Forata y que Salomé Pradas y Jorge Suárez dijeron que se descartara el borrador de Forata y se enviara el mensaje a toda la provincia. 

Ello es "plenamente coincidente", señala la jueza, con las manifestaciones de otro técnico: el validador del Es-Alert.

Éste relató que a las 18:36 horas recibió una llamada muy corta de Jorge Suárez diciéndole que se iba a enviar un mensaje por Forata a parte de la provincia, pero que a las 19:08 ese borrador desapareció del ordenador.

A las 20:08 le llamaron porque tenía que eliminar un mensaje que estaba en inglés y validar el que a las 20.11 se envió a toda la provincia de Valencia y que, como afirmó este testigo, no era exclusivamente por Forata sino "por la emergencia" en toda la provincia. 

La atención en el Poyo 

La magistrada entra igualmente a valorar el argumento de que en el Cecopi no se abordara lo que estaba sucediendo en el barranco del Poyo. La Generalitat y los investigados inciden, en este punto, en la falta de información directa de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). 

"Afirmar que en ningún momento se habló del barranco del Poyo en el Cecopi es contrario a la instrucción judicial practicada", señala la jueza.

En este sentido, menciona que antes de las 19:00 horas la alcaldesa de Paiporta llamó a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, diciéndole que se estaban ahogando. "Dicha situación fue inmediatamente comunicada a Salomé Pradas", volviéndose al poco tiempo a reconectar el Cecopi de manera telemática.

La magistrada hace referencia al vídeo emitido por RTVE en el que Pradas habla con Bernabé y pregunta si alguien tiene el teléfono del presidente de la CHJ, Miguel Polo, para que otra persona lo llame, ya que a la exconsellera "no le apetece llamarlo". "Y ello a pesar de la dramática situación que se estaba viviendo en numerosos municipios, incluidos los de Horta Sud", indica.

También comenta que un técnico forestal declaró que durante la desconexión telemática del Cecopi salió de la sala y habló con la central del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Desde ahí, dijo, le hablaron del barranco del Poyo, de trabajadores en Ribarroja que no podían salir de la nave en la que habían estado trabajando y de otros incidentes en la citada rambla.

De este modo, aseguró que habló con dos miembros del Cecopi y que éstos fueron teniendo noticia, a través de sus teléfonos, de incidentes relacionados con el barranco del Poyo.

A ello añade que el correo de la CHJ de las 18:43 sobre la brutal subida del barranco del Poyo fue visto por los funcionarios del Centro de Coordinación de Emergencias y anotado en el Coordcom. 

También que el Centro de Coordinación de Emergencias estableció la Emergencia en situación 2 del Plan Especial de Inundaciones en la Hoya de Buñol. Dicha anotación se envió al grupo permanente de SMS, del que formaba parte el secretario autonómico Emilio Argüeso. En la Hoya de Buñol, apunta la jueza, está la cabecera del barranco del Poyo.

Vigilancia de los barrancos

Con independencia de todo lo anterior, destaca la magistrada, la vigilancia de los barrancos correspondía a la Generalitat a través de los diferentes medios que prevé el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana.

El "pleno convencimiento de dicha competencia", opina, se muestra de manera evidente con la vigilancia que se acordó llevar a cabo ya desde el día anterior, el 28 de octubre, a través de agentes medioambientales solicitados a la Conselleria de Medio Ambiente.

"Se ignora la causa por la que finalmente no se llevó a cabo el control de los barrancos a través de los agentes medioambientales y se optó por el envío de bomberos forestales a vigilar dos áreas, tras las dos alertas hidrológicas declaradas, una para el río Magro y otra para el barranco del Poyo.

La vigilancia del barranco del Poyo requería igualmente la vigilancia de los barrancos tributarios del mismo, sin medidores, cuyas aguas desembocan en el barranco del Poyo, y teniendo en cuenta las previsiones de la Aemet en zonas como Turís o Godelleta", sostiene.

A ello añade que "resultan especialmente significativos" los dos vídeos unidos a la causa en los que se puede apreciar a Pradas dando instrucciones sobre el contenido que tenía que revestir el mensaje como aquel en el que a las 12.38 Jorge Suárez alertaba a los investigados sobre el riesgo del barranco del Poyo y del río Magro, donde se habían enviado bomberos para seguimiento visual. 

La magistrada recuerda asimismo que la alerta hidrológica para el barranco del Poyo no quedó sin efecto en ningún momento durante el 29 de octubre, por lo que debía continuarse en el control de los barrancos.

La "mera ficción" de Mazón

En los autos conocidos este lunes, la jueza ha rechazado incorporar a la causa las recientes entrevistas concedidas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por considerar que no pueden sustituir una declaración judicial.

En todo caso, aprovecha para realizar una calificación sobre su contenido en el mismo sentido que las relativas a los argumentos de los investigados.

"Las afirmaciones que fuera del proceso se viertan por cualquier medio o persona sobre la falta de información de cauces y barrancos, sobre la causa del envío del sistema Es-Alert a las 20:11 horas

relacionándola solo con la presa de Forata, la ausencia de alerta hidrológica por la tarde en el barranco del Poyo, se han de situar en la mera ficción o en la autoficción, según de quién provengan", afirma.

Y "han de rebatirse en su caso", agrega, "en el seno del procedimiento, en el supuesto de que se pretenda hacerlas valer como tesis exculpatorias o incriminatorias".

La magistrada argumenta que "no se puede sustituir una declaración de investigado, que conlleva la oportuna asistencia letrada con los derechos a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, entre otros, por entrevistas a varios medios, puesto que conculcaría sus derechos".



"Tampoco puede servir como una suerte de declaración testifical", ya que "la declaración de Mazón como testigo -se le ha ofrecido tres veces como investigado- no fue acordada precisamente por la ausencia de garantías para el declarante, en tanto que estaría obligado a decir verdad y sin asistencia letrada".

Más vídeos

En otros escritos, la jueza ha acordado requerir a la Conselleria de Emergencias que remita copia de los documentos que acrediten las actuaciones preventivas y de preparación informadas en el Consell ante la alerta roja decretada por la Aemet el 29 de octubre de 2024.



También ha solicitado a RTVE copia del vídeo, con imagen y sonido, que dicha cadena emitió el 9 de octubre de 2025, en el que el presidente de la Generalitat “informa a varias personas de que se ha decretado una alerta hidrológica, en presencia de dos de sus conselleras”.



Estas imágenes contribuyen, a juicio de la instructora, "a determinar el nivel de conocimiento que la Administración autonómica, con competencias en el control de la emergencia, y en el seguimiento de los barrancos, tenía de la referida alerta hidrológica, tanto en el río Magro, como en el barranco del Poyo".



Igualmente, ha requerido a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias para que remita los brutos de dos vídeos, y a la Conselleria de Emergencias para que identifique a los dos técnicos que aparecen en los vídeos que conserva dicho departamento y que aparecen dando explicaciones a los dos investigados (la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso).