Las declaraciones prestadas hasta la fecha por investigados y testigos ante la jueza de la dana han reflejado una serie de contradicciones que evidencian la batalla por el relato de lo sucedido el 29 de octubre.

Políticos, técnicos y representantes de organismos han ofrecido versiones diferentes sobre cuestiones como en qué momento comenzó a barajarse el envío de la alerta a la población o qué responsabilidad tenía cada administración. 

Narraciones que si tienen algo en común es el caos en el que estaba sumido el Cecopi del día de la dana mientras las poblaciones se inundaban y 229 personas morían. 

A la hora de analizar las declaraciones resulta importante distinguir entre las de imputados -la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el que fuera secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso- y las de testigos. 

Los primeros cuentan con abogado y tratan de defenderse de los presuntos delitos que pesan sobre ellos (homicidio y lesiones por imprudencia). Los segundos tienen la obligación de decir la verdad. 

Sin embargo, en el caso de algunos testigos, especialmente aquellos que ocupan cargo político, sus comparecencias han ido más dirigidas a defender la actuación del organismo al que representan.

Así, varios han señalado -tesis que la jueza ha hecho propia- que la Conselleria tenía el mando único de la emergencia y que era la encargada de manejar la información, desplegar a gente sobre el terreno para controlar y tomar todas las decisiones. 

Mientras, Pradas y Argüeso han tratado de descargar la responsabilidad en los técnicos por ser los que les asesoraban y han hecho hincapié en la falta de información para tomar esas decisiones.

Las explicaciones que ofreció el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, el pasado viernes en su interrogatorio de 8 horas ante la jueza dejaron contradicciones con otras ofrecidas anteriormente. 

Una de las más destacadas es la de todo lo relacionado con el envío de la alerta a la población. Desde los horarios en los que comenzó a barajarse hasta la toma de decisiones para mandarla. 

Antes de las 18.00

Polo era miembro del Cecopi convocado a las 17.00 por Pradas. Tardío para la jueza. En ese momento la situación ya era catastrófica en muchas zonas y a partir de esa hora comenzó a haber fallecidos.

Sus avisos en la reunión se centraron en el riesgo de la presa de Forata. Aseguró que antes de las 18.00 horas alertó de ello y que ya sugirió enviar "un mensaje a la población" que incluyera la orden de subir a pisos superiores. 

Esa hora contrasta con la ofrecida por testigos como el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, quien también aportó sus whatsapps de la tarde del 29 de octubre. 

"A las 19.12 le comunico a Jorge Tamayo (delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana) que van a enviar un mensaje a la población. Es la primera vez que recuerdo que se comienza a tratar el envío del mensaje. Casi seguro que antes del corte de las 18.00 horas no se trató este tema", indicó Núñez. 

"Como se deduce de mi mensaje, yo no tengo claro qué texto de mensaje se va a enviar y a quién. En ese momento se hablaba de posibles evacuaciones de pueblos aguas abajo de Forata. La preocupación era la rotura de la presa y sus posibles y trágicos efectos aguas abajo y se pensaba cómo salvar a la población afectada", dijo. 

Con "el corte de las 18.00" Núñez se refería a la desconexión del Cecopi entre las 18.00 y las 19.00 horas, lo que mantuvo en espera una hora a los que estaban conectados de manera telemática. 

La hora apuntada por Núñez coincide con las expuestas por Salomé Pradas y Emilio Argüeso. "Se empieza a valorar el envío del Es Alert a las 19.00 horas por el señor Suárez (Jorge, subdirector general de Emergencias)", indicó Pradas a la jueza.

También lo explicó la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ante la magistrada. Indicó que en la primera conexión del Cecopi hasta las 18.00 no se habló del Es-Alert sino de otras medidas como la evacuación.

A toda la provincia

Tras la desconexión, de acuerdo con su narración, a las 19:06 llamó a la exconsellera Pradas para pedirle que conectara de nuevo el Cecopi y se volvió a conectar. 

En ese momento le dijeron que iban a enviar el Es-Alert y Bernabé comunicó que había hablado con la alcaldesa de Paiporta, quien le trasladó que se había desbordado el barranco del Poyo en ese municipio y que la gente estaba ahogándose.

Según la delegada del Gobierno, cuando les dijeron que iban a enviar la alerta les anunciaron que solo era para la ribera del Magro -aquella afectada por Forata- y que ella pidió por favor que se mandara también a toda la provincia tras el aviso de la alcaldesa de Paiporta.

El relato de Polo es diferente, pues comentó a la jueza que la alerta se abordó antes de las 18.00 y que él opinó que había que incluir la orden de subir a pisos altos. 

Entonces, apuntó, empezó a haber "un debate sobre esta situación" por parte de Emergencias y de Pradas y "no se toman decisiones". 

El presidente de la CHJ, según su versión, siguió insistiendo en el mensaje a la población de los municipios de Real y Montroi, los que podían verse afectados por Forata. 

En ese momento, aseguró, se produjo la desconexión telemática del Cecopi hasta las 19.00 horas y cuando volvieron se dieron cuenta de que no habían enviado el mensaje. Entonces dieron un grito recriminando este hecho. 

Ahí les comunicaron entonces que iban a mandar una alerta a toda la provincia y otra a la comarca de La Ribera Alta y la Hoya de Buñol, siempre según Polo. 

La rotura de Forata

El presidente de la CHJ también hizo hincapié en que él nunca habló de rotura o colapso de la presa de Forata, sino de la "incertidumbre de qué pasaría con la coronación".

Por contra, testigos como Bernabé o Núñez sí afirmaron que la Confederación no descartaba el escenario de rotura de la presa. Al igual que los investigados, quienes han sostenido que todos los ojos estaban en Forata y no en el Poyo. 

Otro de los puntos de contradicción es el de las responsabilidades a la hora de interpretar los datos. Miguel Polo insistió ante la jueza en que el Plan de Emergencias le otorga a la Generalitat todo el seguimiento de cauces y que no era competencia de la Confederación. 

El presidente del organismo estatal explicó que en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) no cuenta con una visión global sobre lo que ocurre en todos los barrancos o rambletas y que él no tenía toda esa información. 

"El SAIH no es el Show de Truman, es una información complementaria", afirmó para descargar de responsabilidad a la CHJ. 

Esta explicación venía a cuenta de por qué no mandaron correos entre las 16.13 y las 18.43 con la subida del caudal del barranco del Poyo y por qué no verbalizó en el Cecopi la información que tenía. 

Polo no avisó

Polo admitió que se enteró a las 18.45 de aquella subida, que la información por sí misma no era relevante y que en aquel momento ya no había capacidad de reacción. 

"Los correos esos eran redundantes, la información estaba de manera automática, el seguimiento de los caudales se debía hacer por parte de la Generalitat", reiteró en diversas ocasiones. 

"Es un caudal importante, pero es un caudal congruente con lo que estaba pasando en todos lados. Tampoco te llega a sorprender lo que está pasando en el Poyo", afirmó. 

A aquella hora, Polo se encontraba esperando que volviera la conexión del Cecopi. A la vuelta, no precisó que avisara del caudal del Poyo. "Daba por hecho que Emergencias estaba al tanto de lo que estaba pasando. Estaba todo colapsado. Emergencias tenía mucha información. Las llamadas del 112 así lo reflejan", argumentó.

El presidente de la CHJ restó en diversas ocasiones importancia al correo de las 18.43, del que no avisó a nadie porque se mandó a todos los organismos que correspondían. 

"Si es una información que se ha mandado por el cauce habitual a todos, ¿a quién quiere que avise? Además, deberían haber tomado ya medidas antes", añadió.

"1.600 m3 no es tan grave, es de desbordamiento de la rambla del Poyo. Pero también lo eran los del Magro. La gravedad de los 1.600 es que ya hay 2.000 en Horteta y otros 1.000 en el Gallego. Y todo eso se junta. Si solo hubieran sido los del Poyo no hubiera pasado nada", argumentó.

Lo que vino a decir Polo es que él tenía sólo la información del sensor de la CHJ en Riba-roja, pero no de las ramblas de l'Horteta y El Gallego, que no tienen caudalímetro. 

Descarga en la Generalitat

De manera que la Generalitat tendría que haberse encargado de controlar ambas debido a que la gran inundación en l'Horta Sud fue provocada por el conjunto de aportes que fueron a parar a todos estos barrancos. 

Sin embargo, la obligación de la CHJ de ofrecer información en el Cecopi fue señalado por hasta cinco técnicos de la Generalitat en sus respectivas declaraciones ante la jueza. 

Estos trabajadores que se ubicaban en la sala de control del Centro de Coordinación de Emergencias (a escasos metros del Cecopi) coincidieron en dos aspectos. 

De un lado, en que Salomé Pradas ostentaba el mando único de la emergencia y sobre ella recaían todas las decisiones al ser la directora del plan.

De otro, que la CHJ tenía la obligación, no sólo de aportar la información, sino de interpretar los datos sobre lo que ocurría en la rambla del Poyo y anticipar los riesgos. 

De hecho, todos aquellos que leyeron el correo de la subida del caudal dieron por hecho que sería comunicado de viva voz por alguno de los cincos representantes que tuvo la Confederación en el Cecopi de manera permanente esa tarde. 

A ello se añade que el propio protocolo interno de la CHJ incluye que ha de avisar de los riesgos de las crecidas.