Una funeraria exige por error 5.000 euros a una familia en pleno entierro en el cementerio de Valencia y amenaza con desahuciar su nicho comprado el 22 de junio de 1935. Es la pesadilla que han vivido en primera persona la fiscal Susana Gisbert y sus familiares.

En la sepultura, cuya concesión es perpetua, hay hasta doce familiares enterrados, según el historial del título de derecho funerario al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Fue adquirida por su abuelo Manuel Gisbert Rico, el que fuera alcalde de Valencia hasta 1936.

Tras la repentina muerte de un ser querido el pasado 3 de julio, que en palabras de Gisbert fue "un verdadero shock", la familia se puso en marcha para realizar los "dolorosos" trámites de despedida e incineración.

"Parecía que todo discurría por sus cauces, aun con algún desencuentro", expresó la fiscal en un hilo en su perfil de la red social X.

Después de realizar las gestiones pertinentes, se decidió que la ceremonia de despedida tendría lugar el pasado sábado 5 de julio a las 10.00 horas. Sin embargo, se le pidió a la familia adelantar la hora a las 9.30.

Una vez incinerado el cuerpo de su allegado, las cenizas se depositarían en el nicho familiar donde reposan los restos de los padres de Gisbert, sus abuelos y más familiares. La hora prevista para este acto se fijó a las 16.00 horas.

Pero lo más surrealista estaba por suceder. A las 9.15 del pasado sábado, la funeraria llama a la esposa del fallecido. "En un alarde de sensibilidad y empatía le dice que no se pueden llevar las cenizas al nicho porque la concesión ha caducado el 19 de marzo", relata, perpleja, la fiscal.

"Y yo le dije: 'Es imposible porque el 18 de marzo, hace tres meses, deposité las cenizas de mi madre ahí y nadie me dijo que ese nicho estuviera caducado'. La interlocutora, con la mayor falta de empatía que yo he visto en mi vida, empezó a decirme que me lo habría notificado el ayuntamiento", detalla.

A lo que Gisbert le respondió que dudaba que el consistorio le hubiese dejado depositar las cenizas el día anterior de la caducidad de la concesión de un nicho. "Nosotros estábamos convencidos y siempre hemos estado convencidos de que tenía perpetuidad", agrega, en una conversación a este diario.

"La funeraria me dice que la única solución es pagar en ese mismo momento al Ayuntamiento la cantidad de 5.000 euros, o comprar un nicho individual. Exijo hablar con el Ayuntamiento, me dicen que es sábado y no atienden, pero sí reciben pagos".

Para la fiscal valenciana todo apuntaba a que se trataba de una estafa, pero desconoce si esa era la intención o no de la funeraria. "La mujer que estaba al teléfono me replica que no habría mirado el buzón de casa de mi madre, una vivienda que yo cerré el día anterior", manifiesta, más indignada si cabe.

La conversación entre ambas prosiguió. La portavoz de la funeraria le dijo entonces que habrían puesto un precinto en la tumba, momento en el que la familia entró "en pánico".

"No solo no podemos enterrar a mi cuñado, sino que quizás hubieran desahuciado el nicho, deshaciéndose de los restos de mis abuelos, y de mis padres. 'Desde luego no vamos a pagar nada', le comenté", cuenta.

Pero, de repente, una de sus cuñadas tuvo un momento de lucidez. En ese preciso instante, recordó que había hecho una fotografía con el móvil al título de derecho funerario cuando murió la madre de Susana. Fue la prueba decisiva que salvó a esta familia.

Susana insiste en otro "pequeño" detalle: "El nicho, de no ser perpetuo, nunca podría haber caducado en marzo. Se compró en junio de 1935".

La pesadilla aún no había terminado. "Por si no habían hecho bastante, de la funeraria telefonean a la esposa del fallecido mientras se efectuaba la incineración. De modo poco amable, le comunican que quien se equivocó fue el Ayuntamiento", señala.

"Ni una sola disculpa. Aquella voz solo dijo que 'nos informaba'", oyó la fiscal después de poner el altavoz del móvil la esposa del fallecido.

Finalmente, la historia terminó bien. Pudieron enterrar a su ser querido, aunque con "el mal sabor de boca" que se llevaron por el disgusto ocasionado.

Gisbert asegura a EL ESPAÑOL que en ningún momento habló con el Ayuntamiento de Valencia, ni vio ningún papel relacionado con el caso, por lo que achaca la problemática surgida a la funeraria.

La fiscal ha decidido hacerlo público para advertir de posibles futuras situaciones como la sufrida por la familia. "Si hubiéramos pagado 5.000€ y hubiésemos seguido teniendo la razón, ¿nos lo habrían devuelto?", se pregunta.