La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha fijado entre sus objetivos prioritarios poner en marcha cuanto antes la oficina 'antiokupas' en la ciudad. Una iniciativa que replica el modelo implantado en Badalona por su alcalde, Xavier García Albiol, y que el PP se ha fijado como estrategia nacional. 

La semana pasada, la Junta de Gobierno Local creó por urgencia la citada oficina y, en apenas una semana, la primera edil ya ha detallado los servicios que prestará, se ha reunido con Albiol para tomar nota de los primeros pasos que tiene que dar e, incluso, ha convocado a todas las concejalías "implicadas en la lucha contra la ocupación ilegal". 

El listado de delegaciones no es corto: participarán Policía Local, Bomberos, el Padrón Municipal, los Servicios Centrales Técnicos, el área de Servicios Sociales locales, Vivienda y Urbanismo.  

En total, seis concejales participarán de alguna manera en la lucha contra la ocupación: Jesús Carbonell como responsable de Policía Local; Juan Giner como concejal de Vivienda y Urbanismo; Marta Torrado como edil de Servicios Sociales; o Juan Carlos Caballero, como responsable de Prevención y Extinción de Incendios.    

También apoyará a la oficina la concejal de Servicios Centrales Técnicos, Julia Climent; así como el responsable del área de residuos y agua, Carlos Mundina. Seis concejales que se sumarán a la propia alcaldesa, Catalá, que con el anuncio de la creación de esta oficina es quien está capitaneando este proyecto que el PP busca extender allá donde gobierna. 

La implicación es de prácticamente la mitad de los concejales del Partido Popular (13) y la idea es que todos puedan mantener encuentros como el celebrado el miércoles con cierta periodicidad. 

En la primera cita ya acordaron crear un protocolo para "prestar apoyo a los vecinos de la ciudad que sean objeto de los delitos de usurpación y allanamiento de vivienda".

La intención es "agilizar y encauzar, con la mayor seguridad jurídica posible" las acciones que pueden emprender los vecinos que han sufrido una 'okupación' ilegal en su vivienda, de manera que puedan iniciar los trámites para celebrar un juicio rápido que les permita expulsar a los okupas de forma diligente. 

Además del protocolo, la Policía Local de Valencia también habilitará una extensión telefónica y un correo electrónico para atender directamente las denuncias que tengan que ver con este tipo de delitos. 

En 2024, se registraron un total de 810 actuaciones vinculadas con la ocupación ilegal, según detalló la alcaldesa en la reunión de ayer miércoles. Mientras tanto, en lo que va de año la Policía Local de Valencia ha intervenido en cerca de 180 okupaciones e intentos de allanamientos de morada. 

Unas cifras "importantes", para Catalá, que "justifican la preocupación del equipo municipal ante la inquiocupación". 

En el encuentro, la primera edil volvió a recordar que en estos momentos existen más de 37.000 los pisos vacíos en Valencia que no salen al mercado del alquiler por el temor de los dueños a que sean ocupadas. 

En total, uno de cada cuatro apartamentos en desuso no se promocionan por la "inseguridad jurídica que existe en estos momentos" al respecto. 

Instalación de alarmas

Con este telón de fondo, Catalá viajó el pasado lunes a Badalona para reunirse con Albiol, que se ha consolidado como referente en este ámbito al hacer de la lucha contra la okupación ilegal y la delincuencia su principal bandera de gobierno.

La primera edil anunció tras el encuentro que Valencia exigirá a partir de ahora a los grandes tenedores de la ciudad que implanten medidas de seguridad en sus viviendas para reducir las posibilidades de que sean okupadas.