El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la decisión del Concello de Vigo de suspender la licencia urbanística para reformar y ampliar el edificio de los antiguos juzgados de la rúa Lalín tras estimar el recurso de la Xunta.
Tras el fallo, el Gobierno gallego estudia ahora reclamar al Ayuntamiento los costes ocasionados por la paralización del proyecto, que suponía "una inversión de más de 20 millones de euros", según ha declarado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.
La sentencia, fechada el 11 de septiembre, revoca el fallo de primera instancia que había avalado la actuación municipal y anula la resolución del Concello que suspendió los efectos de la licencia concedida a la Xunta en noviembre de 2024.
El proyecto contemplaba la reforma integral y ampliación del inmueble para destinarlo a asociaciones y entidades sociales. La licencia había sido concedida por el propio Concello con un presupuesto de ejecución material de 8,4 millones de euros.
No concurrían las circunstancias para suspender la licencia
Diego Calvo ha defendido este martes que la resolución "viene a dar la razón a la Xunta de Galicia". "Una licencia que fue concedida por el Concello no se puede anular, salvo en aquellos casos que vienen establecidos por la ley", ha señalado.
Precisamente, el TSXG considera que la suspensión de una licencia es excepcional y debe limitarse a los supuestos previstos expresamente en la legislación urbanística. En este caso, concluye que esas circunstancias no concurrían y que la resolución municipal "no se ajusta a derecho".
También recuerda que el Concello conocía la situación registral del inmueble antes de conceder el permiso.
La Sala no entra, sin embargo, a resolver quién es el propietario del inmueble, que considera que tiene que dirimirse en otro procedimiento, pero sí determina que las dudas sobre la titularidad y los posibles derechos del Concello sobre los terrenos no eran motivo suficiente para suspender la licencia que había otorgado.
La Xunta estudia reclamar los costes
Calvo ha avanzado además que la Xunta analiza ahora una posible reclamación económica contra el Concello, ya que, según el conselleiro, la paralización afectó a un proyecto que suponía "una inversión de más de 20 millones de euros" y para el que ya existía un contrato licitado y adjudicado.
"Estamos estudiando la posibilidad de reclamar todos los costes que conllevó esta anulación de la licencia por parte del Concello de Vigo", ha afirmado.
Según ha declarado, "la decisión del Concello de Vigo privó a todos los vigueses, sobre todo a las asociaciones que podían tener allí una sede para llevar a cabo su funcionamiento" además de "un edificio en el que poder trabajar y en el que poder llevar a cabo sus funciones".
Calvo sostiene que la decisión municipal también ocasionó "unos costes a la hacienda pública, en este caso a la Xunta de Galicia, por la anulación de un contrato que ya había sido licitado y adjudicado".
La sentencia no es firme y todavía puede ser recurrida en casación.