El pleno del Concello de Vigo ha aprobado la reprobación al gobierno autonómico —con el voto a favor del PSOE y la negativa de PP y BNG— por el acuerdo alcanzado con las tres universidades gallegas para la descentralización del grado de Medicina. El gobierno local ha calificado el acuerdo como "papel mojado".

Como informa Europa Press, el concejal socialista Carlos López Font ha sido el encargado de defender esta moción y ha proclamado que el acuerdo alcanzado solo pretende mantener los "privilegios" de la Universidad de Santiago. "No lo aceptamos, es papel mojado, una estafa y un nuevo engaño a la ciudad, como fue el acuerdo de 2015", ha asegurado el edil socialista.

El PSOE vigués apunta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como muñidor de este pacto, con el "único objetivo" de que permanezca una única facultad de Medicina en Galicia, la de Santiago.

López Font ha subrayado que la demanda de una facultad propia para Vigo es una "petición histórica" y un "clamor" en la ciudad. Según ha insistido, el acuerdo alcanzado hace unos días supone que la UVigo renuncia a ese grado, pero el gobierno de la ciudad seguirá pidiéndolo porque "es lo que le conviene a la ciudadanía".

"Injerencia" en la autonomía en las universidades

Por su parte, el grupo municipal del PP ha censurado que Caballero y su gobierno hayan defendido en el pleno una "moción política", frente a un acuerdo "fruto del consenso", que es "bueno para Galicia" y para las universidades. El portavoz popular, Miguel Martín, ha recalcado que "solo a la UVigo" le compete tomar la decisión sobre este acuerdo, "sin injerencias".

Mientras, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha valorado que el acuerdo alcanzado avanza en una "efectiva descentralización" y contempla requisitos y plazos "verificables". Además, lejos de suponer una renuncia, "abre la puerta" a que Vigo pueda tener su propia facultad de Medicina en el futuro.

Por ello, ha censurado el "desprecio" a la autonomía universitaria por parte de Caballero, que "no tiene reparo en desautorizar al rector y a su Consello de Goberno". Igrexas ha concluido que la posición del alcalde es "una pataleta infantil" motivada por su "frustración personal" por no haber podido añadir a su currículo el cargo de rector de la UVigo.

El Partido Popular también ha criticado el veto del PSOE a una moción para debatir reclamar la dimisión del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. El representante del Gobierno acusó al PP de "reventar" un operativo policial contra una narcocasa en Cabral; "falsas acusaciones", según el PP, que considera que ha sido así el propio Losada quien ha alertado a los delincuentes.

Reprobación fallida a Óscar Puente

Por otra parte, en el pleno ordinario de este lunes también se ha debatido una moción presentada por el PP —rechazada con los votos en contra del PSOE y la abstención del BNG—, en la que pedía la reprobación del ministro Óscar Puente por "dejar a Vigo fuera del mapa" de las conexiones ferroviarias de AVE.

Luisa Sánchez ha criticado que el ministro socialista está "empeñado en aislar a Vigo por tierra, mar y aire", y ha afeado al alcalde que justifique la posición del Gobierno central, en lugar de reclamar los proyectos. "Vigo necesita algo más que fotos, necesita un alcalde que defiende la ciudad, y que deje de ejercer de jefe de propaganda de Moncloa", ha subrayado la concejal y presidenta local del PP.

En respuesta, el socialista López Font ha recordado que Óscar Puente ya aclaró la posición del Ministerio y reafirmó su compromiso con el AVE por Cerdedo en una conversación con el alcalde. El portavoz nacionalista, por su parte, ha censurado el "cinismo político" del PP por reclamar infraestructuras que no impulsó cuando gobernaba.

"Expropiación por la puerta de atrás"

Otra de las mociones tratadas en el pleno ha sido la del PSOE relativa a la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2026, que introduce una disposición adicional a la norma 6/2023 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Dicha disposición, ha denunciado el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, persigue una "expropiación por la puerta de atrás" del edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín

Aneiros ha denunciado que esta ley de acompañamiento, en ese punto, "debería llamarse ley de incautación de bienes de otras administraciones" y ha advertido de que es "manifiestamente ilegal e inconstitucional". Cabe recordar que la propiedad de estos inmuebles está ahora mismo en disputa entre Xunta y Concello—con un proyecto autonómico para construir un centro de asociacionismo paralizado tras revocar el Ayuntamiento la licencia—.

El concejal socialista ha defendido que ese edificio es propiedad municipal y ha reclamado a la Xunta que suprima esa disposición adicional y que se "abstenga de vulnerar la legalidad" con "actuaciones casi delictivas". Mientras el PP de Vigo ha defendido que la norma es "legal" y ha subrayado que las "graves acusaciones" del gobierno local no tiene otro fin que impedir una inversión de la Xunta en la ciudad.

"Se trata de regularizar el patrimonio y de evitar pleitos y bloqueos como el que está haciendo el Ayuntamiento", ha explicado Miguel Martín sobre una normativa que también ha criticado el BNG. Los nacionalistas han afeado que se utilice la ley de acompañamiento para "abrir la puerta" a la incautación de bienes municipales. También han censurado que Xunta y Concello persisten en su "confrontación permanente" y en actuar con "falta de lealtad".

El BNG reclamó más recursos contra la violencia machista

El grupo municipal nacionalista, por su parte, ha presentado una moción para exigir al Concello y a la Xunta de Galicia más recursos para combatir la violencia machista. Tanto socialistas como populares se opusieron a las demandas nacionalistas.

En concreto, se rechazó aumentar la contribución del gobierno gallego en el Centro de Información á Muller (CIM) de Vigo, dotándolo de trabajadoras a jornada completa. También demandaron crear dos nuevos centros en Teis y Coia, en colaboración con la corporación local, así como destinar más recursos en campañas de sensibilización y la puesta en marcha de un nuevo programa municipal de apoyo a las víctimas.