Dos válvulas en mal estado y acusaciones cruzadas por "dejadez" entre Concello de Vigo y Xunta de Galicia han llevado al foco de la actualidad a la presa de Eiras desde principio de la semana pasada. Un problema entre ambas administraciones que no es reciente, sino que se remonta a hace ya unos años.

Situada a unos 30 kilómetros de Vigo, el embalse de Eiras se encuentra a orillas del río Oitavén, entre Fornelos de Montes y Pontecaldelas. Su construcción se hizo necesaria a principios de los años 70, con el creciente aumento de población de Vigo, y fue inaugurada en marzo de 1977.

Hoy, es la principal fuente de abastecimiento para la ciudad olívica y parte de la comarca, y se calcula que se benefician de su agua potable unas 400.000 personas.

La disputa sobre su titularidad y quién debe gestionarla viene de largo. En junio de 2019, llegó el primer choque entre ambas administraciones, después de que Abel Caballero hiciese público que la Xunta le pedía un canon de regulación de tres millones de euros por la presa de Eiras.

Así, el Gobierno gallego envió al Concello de Vigo un borrador de convenio para negociar una cesión de la gestión y mantenimiento de Eiras; debía presentar una propuesta de las normas de explotación y del plan de emergencia de la presa en un plazo de tres meses y, en caso de ser aprobada, se le eximiría del pago del canon.

Caballero se negó a pagar esa tasa porque Aqualia, la concesionaria del abastecimiento del agua en la ciudad, era a su juicio la que gestionaba de forma real la explotación, ya que era el Concello el que se hacía cargo "de todos los costes".

Paso por los tribunales

Lo cierto es que pocos meses después, en septiembre, Augas de Galicia licitó un contrato para la explotación y mantenimiento de la presa de Eiras, lo que desde el Concello de Vigo se vio como una invasión de sus competencias sobre la explotación del embalse. Así, se inició una batalla legal.

En octubre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago le dio la razón a Augas de Galicia. En ese fallo se decía que el titular era el Estado, que la Xunta se subrogó en su posición y que era la responsable de su seguridad. Así, "la titularidad de la presa y la competencia para velar por la correcta explotación y mantenimiento" le correspondía "a la Administración autonómica", mientras que "las infraestructuras auxiliares y complementarias, que consisten en un canal que sirve para traer agua de la citada presa y conducirla hasta una estación potabilizadora donde se procede a su distribución a través de la red abastecimiento municipal", al Concello.

Por tanto, según el juzgado santiagués, el Concello de Vigo sólo tenía atribuciones sobre el canal municipal que parte de la presa y sobre la gestión del abastecimiento.

A pesar de que el Gobierno local recurrió, el 30 de junio de 2025, el Juzgado del Contencioso Administrativo nº2 de Santiago de Compostela volvió a dar la razón a la Xunta y consideró la legalidad de la licitación autonómica.

Quejas de Augas de Galicia

En ese lapso de tiempo, las quejas de Augas de Galicia fueron constantes. Tanto a finales de 2020 como de 2021, denunció que los técnicos intentaron acceder a las instalaciones para realizar los trabajos de inspección, pero "se les impidió el acceso a la presa".

En septiembre de 2022, Augas de Galicia y Aqualia mantuvieron una reunión en la que, según el informe del organismo dependiente de la Xunta, la concesionaria municipal reiteró que seguiría llevando a cabo la conservación y el mantenimiento, y reconocía una "interferencia" entre las labores de ambas empresas.

Finalmente, en enero de 2023, se lleva a cabo la entrega de llaves por parte del Concello a la Xunta, que asume conservación, explotación y mantenimiento. En ese momento, Aqualia se sigue haciendo cargo de ciertas maniobras, pero ya no es responsable de la conservación de la presa.

A finales de ese año, Augas de Galicia reiteró por escrito a Aqualia su "falta de colaboración y obstaculización del ejercicio de las funciones públicas" al ente autonómico.

Dos válvulas de la discordia

Tras un tiempo de calma, la polémica ha vuelto a resurgir, después de que el pasado martes, 11 de octubre, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, remitiese una carta a Abel Caballero, urgiendo al Concello de Vigo a adoptar medidas ante las deficiencias que presentaban dos de las cuatro válvulas de la presa de Eiras.

En la misiva, hacía referencia al deterioro de las piezas, instaladas en 1977, que, según la Consellería, era una competencia reservada "en exclusiva" por el Concello. Además, añadía, no se había notificado la existencia de "estas graves incidencias", a pesar de manipularse "de modo habitual" por el Gobierno municipal.

También señaló las "dificultades de acceso" que se han encontrado desde que el Concello entregó las llaves, en 2023, que impiden a los técnicos hacer su trabajo, un acceso que sí han tenido este año para hacer inspecciones integrales de la infraestructura.

Por su parte, Caballero respondió que desde que "entregaron las llaves" de Eiras, en enero de 2023, la Xunta lleva "al frente de esta instalación" y que ahora quieren "echarle la culpa" al Concello. Unas piezas, añadió, que cuestan "sólo 50.000 euros" cada una.

También afeó las palabras de la conselleira sobre los impedimentos para acceder a la presa: "Que den los nombres inmediatamente, para ir a denunciarlo a los tribunales", enfatizó. "¿Dónde están los obstáculos?", se preguntó para después sentenciar que "se lo están inventando".

Una reunión infructuosa

El intercambio de golpes prosiguió con las alertas de ambos lados del problema que esto suponía, además de la petición por parte de Caballero del cese de la conselleira; hasta que este martes, una semana después, ambas administraciones se reunieron en un encuentro que no ha aclarado el problema, más bien, al contrario.

Por parte del Concello, el edil de Fomento, Javier Pardo, insistió que en el convenio se acordó que "el mantenimiento de la presa correspondería al departamento dependiente de la Xunta", es decir, Augas de Galicia, y que en los 47 años que el Concello asumió la gestión de la presa nunca se llegó a producir ningún incidente.

Así, Pardo insistió en que, igual que deslizó Caballero un día antes, el Concello quiere recuperar la gestión de la presa.

Mientras, desde la Xunta señalaron al Gobierno local por "desentenderse" de la presa, reiterando que estas válvulas "son manipuladas en exclusiva por el Concello de Vigo" y lo acusó de no aportar la información necesaria "para poder coordinar la actuación" entre ambas administraciones, mientras el representante de Augas de Galicia fue el único que aportó "información y una planificación concreta y con garantías".

El día ha finalizado con un comunicado del Concello en el que desmiente las declaraciones del ente autonómico, refiriéndose incluso a las supuestas palabras del director de Augas de Galicia, Roi Fernández, presente en la reunión, que habría manifestado el error de no dejar en manos del Concello la conservación y mantenimiento de las válvulas, además de afirmar que él "no lo hubiese hecho así". También ha asegurado que Fernández desconocía a cuántos concellos abastecía Vigo de agua.

Por último, en el comunicado han trasladado su sorpresa al no estar presente la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles

Vázquez, "en un tema de esta importancia".