La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, introdujo un cambio de paradigma en la legislación española respecto a la convivencia con nuestras mascotas.
Uno de los requisitos más destacados y novedosos de esta normativa es la obligación legal de superar un curso de formación para todas aquellas personas que decidan incorporar un perro a su núcleo familiar.
Esta exigencia se fundamenta bajo el concepto jurídico de la 'tenencia responsable'. El propósito de este artículo no es fijar barreras burocráticas o recaudatorias, más bien implementar una medida preventiva a nivel estatal.
¿Qué dice la Ley de Bienestar Animal?
España enfrenta históricamente cifras preocupantes de abandono animal, muchas veces derivadas de la compra o adopción impulsiva y del desconocimiento. Por ello, el Estado busca garantizar que el futuro titular de un perro comprenda de manera integral el compromiso vitalicio que está a punto de adquirir.
A través de esta formación obligatoria, se pretende que los ciudadanos interioricen aspectos cruciales para el cuidado canino: desde el impacto económico de los gastos veterinarios periódicos y la alimentación, hasta la dedicación diaria que exigen los paseos y la educación del animal.
Además, se informa sobre la esperanza de vida de las distintas razas y las responsabilidades de carácter civil que asume el propietario frente a la sociedad.
Para garantizar que este nuevo requisito legal no suponga un obstáculo económico o discriminatorio, el diseño del curso está pensado para ser accesible a toda la ciudadanía. De ese modo, el curso es gratuito y telemático, tiene una validez permanente, el temario está enfocado en el bienestar del animal y requiere de un examen final de aptitud.
La formación se alojará en una plataforma digital oficial de la Administración Pública, permitiendo a los futuros dueños completar los módulos de manera totalmente online y sin tener que abonar ninguna tasa.
Asimismo, a diferencia de ciertas licencias administrativas que requieren renovaciones periódicas, este certificado tendrá carácter indefinido. El ciudadano solo deberá cursarlo y aprobarlo una vez en la vida, y tendrá validez en todo el territorio nacional.
Por otra parte, los contenidos educativos abarcarán múltiples facetas. Incluirán orientación sobre qué aspectos evaluar antes de adoptar, cómo elegir el perro adecuado para cada estilo de vida, pautas de socialización, cuidados específicos para cachorros y perros en edad avanzada, y un repaso a las obligaciones legales.
El proceso culminará con una sencilla prueba tipo test diseñada para acreditar que el usuario ha asimilado correctamente los conceptos fundamentales.
La normativa también prevé excepciones lógicas. Los profesionales del sector, como los licenciados en Veterinaria, educadores caninos, etólogos y criadores debidamente registrados, están exentos de realizar esta prueba.
Sin embargo, cabe destacar que el propio Artículo 30 de esta Ley deja en el aire el contenido y aplicación de esta obligación por lo que no llega a definir ni cuántas horas dura, dónde se hace ni un temario concreto. En su lugar delega esa tarea a un reglamento futuro que determine su puesta en práctica.
