El Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos, que permitirá deportar a migrantes en situación irregular a centros de detención en terceros países fuera de la UE.
España y Francia se opusieron al acuerdo, argumentando que va en contra de los valores europeos y considerándolo ineficaz para gestionar la migración.
La medida, inspirada en iniciativas como la de Italia con Albania, excluye a menores no acompañados y requiere acuerdos entre países miembros y terceros países que respeten los derechos humanos.
La normativa contempla detenciones de hasta 24 meses, prorrogables, y ha sido criticada por partidos de izquierda y asociaciones como CEAR por vulnerar derechos fundamentales.
El pasado 17 de junio el Parlamento Europeo votó a favor del texto del Reglamento de Retornos con 418 votos a favor, 210 en contra y 30 abstenciones. Dicho texto explora, entre otras cosas, la devolución de migrantes en situación irregular a terceros países.
Desde que los países miembros acordaron esta idea provisionalmente el pasado 11 de junio, España y Francia mostraron su oposición a dicho reglamento señalando que va en contra de los valores europeos.
Sin embargo, el acuerdo que pretende enviar a ciudadanos migrantes en situación irregular a 'centros de retorno' ubicados en países que no forman parte de la Unión Europea.
Un cambio de rumbo en la UE
Este modelo de los 'centros de retorno' está inspirado en medidas de países como Italia que en el 2024 buscó llevar a cabo este mismo proceso con los migrantes de su país y trasladarlos a centros en Albania.
Siguiendo la estela de Italia, la medida aprobada hará posible trasladar a los migrantes, a excepción de menores no acompañados, a estos centros en los países terceros que acepten acogerlos. No obstante, para ello tiene que existir un acuerdo entre dicho país y un Estado miembro.
Actualmente, Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia se encuentran negociando con terceros países para poner en marcha los 'centros de retorno'.
Por otro lado, la normativa establece que aquellos ciudadanos que hayan recibido la orden de retorno, deberán cooperar con las autoridades, de lo contrario podrían ser detenidos.
La detención se prolongará hasta 24 meses, prorrogables hasta seis meses más si cambian las circunstancias, surge nueva información o mejora la cooperación con un país fuera de la Unión. Además esta deberá ser ordenada por una autoridad administrativa o judicial.
Estos acuerdos solo podrán llevarse a cabo con países que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de la no devolución.
Los Estados que lleguen a un acuerdo con otro país, deberán comunicarlo al resto de países miembros antes de su entrada en vigor.
Es importante recalcar que esta normativa aún no está formalmente en vigor, sino que aún debe pasar por parte del Consejo de ministros de Interior de la UE y, posteriormente, ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
A favor y en contra
España fue muy contundente desde el momento en que se planteó el reglamento al igual que Francia. Ambos expresaron que estos centros serán "ineficaces" y que no van acorde con los principios de la Unión Europea.
"No estoy seguro de que esta sea nuestra Europa. No sé si estos son los principios fundamentales sobre los que se construyó nuestra Europa", señaló Emmanuel Macron después de la cumbre del 11 de junio, agregando que "tampoco creo que sea eficaz. La prueba es que, hasta ahora, no he visto a nadie hacer que funcione".
El mandatario francés recalcó que sí está de acuerdo en endurecer las políticas migratorias para frenar las llegadas de irregulares, pero para él supone un límite el traslado físico de estas personas a terceros países con los que, además, no tienen ningún tipo de relación.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recalcó que considera que esta medida es "un trampantojo, que simplemente malgastará recursos económicos y Europa no tiene muchos".
También aprovechó para recalcar que "lanza un mensaje equivocado a esos países de origen y de tránsito con los que deberíamos cooperar, colaborar y mostrar empatía".
La aprobación del reglamento fue posible gracias a una alianza parlamentaria consolidada entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de la derecha como los Conservadores y Reformistas Europeos o Patriotas por Europa.
De esta manera, mientras los aliados aplaudían la medida, el otro lado de la balanza, los partidos de izquierdas, han cuestionado dicho reglamento llegando a declarar incluso que "el derecho de asilo ha muerto hoy en este Parlamento".
Asociaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también advierte sobre la entrada en vigor de esta medida que permite detener y deportar personas migrantes calificándolo como un "discurso xenófobo" que es "opuesto a los valores fundacionales de la UE".
La inmigración en la UE
Lo cierto es que la Unión Europea ha visto como en los últimos años llegan cada vez más migrantes a sus Estados miembros, principalmente por los varios conflictos y guerras en varias zonas del mundo.
De esta manera, según un informe de BBVA, el stock de población migrante ha aumentado en 11 millones desde el 2020 y las entradas a la UE-27 ha alcanzado niveles históricos con 6,2 millones anuales.
España, Alemania y Francia son los países donde se concentra más de la mitad del aumento de la inmigración de la Unión Europea, de hecho, este primero es el que concentra más peticiones de asilo, según la CEAR.
Por último, la procedencia de estos extranjeros depende del país, pero en España las nacionalidades son Colombia, Marruecos y Venezuela. En el caso de Alemania y los países nórdicos, gran parte del flujo proviene de otros países de la propia Unión Europea. Y en el caso de Francia e Italia las llegadas extracomunitarias suelen proceder de zonas en el norte y oeste de África.