El Consejo de Europa exige a España reformar la ley para que las indemnizaciones por despido improcedente sean disuasorias para los empleadores.
Se pide que la indemnización tenga en cuenta el daño real sufrido y las circunstancias individuales de cada trabajador.
Actualmente, la indemnización máxima en España por despido improcedente es de 33 días por año trabajado, sin posibilidad de aumentarla por vía judicial.
El Consejo de Europa considera insuficiente la protección actual y señala una contradicción entre la normativa española y la Carta Social Europea.
El Consejo de Europa ha reclamado a España que lleve a cabo una reforma legislativa para que los despidos improcedentes sin causa justificada vayan acompañados de una indemnización que sea disuasoria para el empleador.
Es decir, que se aumente la cuantía derivada de la extinción del contrato laboral cuando no se puedan demostrar motivos objetivos, como una crisis profunda de facturación de la empresa, falta de rendimiento o una conducta inapropiada del empleado.
Este organismo, ajeno a las instituciones de la Unión Europea, también recuerda que este amparo legal contra el despido debería beneficiar a los trabajadores temporales contratados de forma fraudulenta.
¿A cuánto asciende la indemnización en España?
La recomendación enviada al Ejecutivo español recoge la resolución adoptada por el Comité Europeo de Derechos Sociales tras sendas reclamaciones interpuestas a este organismo por los sindicatos CCOO y UGT.
Las plataformas sindicales consiguieron que el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, se pronunciara de forma favorable e instara a España que "tenga en cuenta el daño real sufrido y las circunstancias individuales" del trabajador.
En la actualidad, las indemnizaciones recogidas en la legislación nacional están fijadas en un máximo 33 días por año trabajado. Además, el Tribunal Supremo falló el año pasado que la indemnización por despido improcedente no se puede incrementar por vía judicial.
No obstante, según el órgano europeo, esta decisión va en contra del "artículo 24b de la Carta Social Europea", ya que impide que los trabajadores perjudicados consigan en los tribunales aumentar sus compensaciones. Por lo tanto, existe una colisión entre la posición del organismo ubicado en Francia y el Alto Tribunal nacional, por lo que se prevé que sea un asunto de difícil solución.
Ahora bien, el Consejo reconoce que España aprobó recientemente un plan con modificaciones sustanciales en el Estatuto de los Trabajadores con garantías para endurecer el despido y en línea con la Carta Social Europea.
Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 hubo un total de 41.200 trabajadores afectados por un despido colectivo (ERE), un 10% más que el año anterior. No obstante, sería necesario investigar los casos concretos para discernir si son rescisiones de contrato improcedentes.