La UE prepara nuevas normas para frenar el aumento de precios de combustibles en edificios y transporte a partir de 2028.
El acuerdo preliminar permitirá duplicar los permisos liberados si el precio del carbono supera los 45 euros por tonelada de CO2.
El nuevo mercado de emisiones (ETS2) obligará a minoristas a pagar por el CO2 vendido, intentando evitar que los costes se trasladen a los consumidores.
Se evaluará periódicamente el mecanismo para asegurar la protección de hogares vulnerables y empresas ante posibles subidas de precios energéticos.
La Unión Europea es consciente del aumento progresivo de los precios a raíz de la guerra de Irán y del bloqueo del estrecho de Ormuz. De hecho, como la inflación de la eurozona escaló al 3,2% en mayo, el BCE ha subido los tipos de interés al 2,25%.
El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han alcanzado un acuerdo preliminar para reforzar los mecanismos destinados a evitar fuertes subidas del precio del carbono en el nuevo mercado de emisiones que se aplicará a partir de 2028.
Hasta ahora, el precio del carbono, es decir, el coste por contaminar el medio ambiente, era asumido únicamente por las grandes industrias. Sin embargo, con el nuevo mercado de carbono, las compañías minoristas tendrán que pagar por el CO2 que venden.
Liberalización del mercado cuando aumente el precio
Así, los Veintisiete temen que las compañías se planteen repercutir este incremento en los clientes. Sobre todo cuando se produzcan acontecimientos geopolíticos que alteren los precios, como de hecho está ocurriendo ahora mismo con la crisis de Oriente Medio y la escasez de petróleo.
Por eso, la UE va a buscar evitar una subida del importe de los combustibles empleados en edificios y transporte por carretera, nutridos por el carbono. El método para lograrlo será duplicar de 20 a 40 millones el número de permisos que podrán liberarse cuando el precio del carbono supere los 45 euros por tonelada de CO2, intentando así impulsar la oferta.
El objetivo final es aportar mayor estabilidad a los precios durante los primeros años de funcionamiento del sistema conocido como ETS2. Incluso, los negociadores han convenido que la reserva de estabilidad continúe vigente más allá de 2030 con el fin de contener las oscilaciones de precios.
Los europarlamentarios también han incluido en el acuerdo que durante los próximos años evaluarán el funcionamiento de este nuevo mecanismo para monitorizar si las medidas actuales son suficientes para proteger a los hogares más vulnerables y a las empresas de la escalada del precio de la energía.
No obstante, el pacto deberá ser ratificado por ambas instituciones, el Parlamento y el Consejo, antes de su adopción definitiva. Trámite que en las instituciones europeas podría demorarse más de lo esperado a raíz de los diferentes niveles que debe superar la norma.
Una vez que salga adelante, el hecho de que se le ponga precio a que la industria emita dióxido de carbono a la atmósfera no repercutirá directamente en los ciudadanos de a pie.