La Comisión Europea propone que España suba el IVA de bares y hoteles del 10% al 21% para aumentar la recaudación fiscal y reducir el déficit público.
La patronal hostelera rechaza la medida, advirtiendo de un fuerte impacto en el consumo, la competitividad turística y el empleo debido a la subida de precios.
Bruselas estima que la subida del IVA podría suponer unos 7.000 millones de euros más para las arcas públicas españolas.
La propuesta llega en un contexto de revisión presupuestaria europea y tras polémicas sobre el uso de fondos Next Generation para pagar pensiones en España.
La Comisión Europea ha vuelto a poner el foco en la fiscalidad española con una propuesta que ha encendido todas las alarmas en el sector turístico: elevar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) de la hostelería y los hoteles del 10% actual al tipo general del 21%.
Con esta recomendación, Bruselas busca que España aumente su recaudación fiscal y reduzca el déficit público, argumentando que los tipos reducidos en este sector suponen un elevado coste para las arcas del Estado.
Sin embargo, la medida ha topado con el rechazo frontal de la patronal hostelera, que advierte de un impacto devastador en el consumo, la competitividad turística y el empleo si los clientes se ven obligados a asumir una subida de precios de once puntos porcentuales.
¿Qué ocurrió?
La Comisión Europea ha sugerido formalmente que España revise sus tipos de IVA reducido y, en específico, plantea la posibilidad de subir el IVA de la hostelería y el alojamiento turístico del 10% actual al tipo general del 21%.
Bruselas argumenta que mantener el IVA reducido en bares, restaurantes y hoteles supone un elevado coste para las arcas públicas y genera beneficios fiscales con un efecto retributivo limitado.
Así, la institución europea considera que esta medida podría aumentar la recaudación fiscal del país, al menos unos 7.000 millones de euros, según estimaba; para ayudar a cuadrar las cuentas, reducir el déficit público y financiar de forma más eficiente otras políticas sociales.
En el caso de que llegue a aplicarse la recomendación, los establecimientos hosteleros se verían ante la disyuntiva de asumir el coste o, lo más probable, trasladar la subida de 11 puntos porcentuales directamente al consumidor.
Asimismo, esto encarecería de manera notable el precio de los tickets en restaurantes, bares y las reservas de hotel, lo que podría enfriar el consumo local y restarle competitividad al sector turístico.
La patronal y las asociaciones de hostelería en España han calificado la propuesta de "irracional", recordando que el país se encuentra en cifras récord de recaudación fiscal. Advierten que una subida al 21% supondría un impacto multimillonario que podría forzar el cierre de muchos negocios y destruir empleo.
A pesar de la controversia, cabe recalcar que hasta ahora es tan solo una recomendación dentro de la revisión presupuestaria de la Unión Europea con el objetivo de mejorar la eficiencia fiscal a largo plazo.
Todo esto llega en un contexto de cierta polémica después de que se detectase que España utilizó unos 2.389 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation para cubrir el pago de pensiones.
Aunque se haya justificado que esta acción de España fuese defendida por la Comisión Europea, ésta misma ahora quiere que el país consiga una estabilidad financiera, emitiendo menos deuda y cumpliendo con los límites fiscales de la eurozona, identificando este IVA de la hostelería como una de las mayores vías de pérdida de ingresos públicos.