El alquiler ha pasado de ser una decisión de rentabilidad a una de gestión del riesgo, según Daniela Salinas de SEAG.
Los propietarios afrontan el mayor riesgo económico y patrimonial, especialmente ante impagos que pueden tardar meses en resolverse.
El inquilino asume riesgos inmediatos, como la pérdida de la fianza o cubrir daños, pero el desequilibrio económico recae sobre el propietario en caso de impago.
Los caseros priorizan la seguridad sobre la rentabilidad, endureciendo los criterios de selección y aplicando medidas adicionales de protección.
Las disputas entre caseros e inquilinos no son cosa de ahora. Y la pregunta queda en el aire: ¿Quién asume más riesgo en un contrato de arrendamiento? Antes de entrar de lleno en la respuesta, conviene indicar que la actual normativa es clara, con derechos y obligaciones para ambas partes.
Y poner sobre la mesa que, cada año, en España se registran miles de procedimientos de desahucio por impago. Llegados a este punto, indicar que recuperar una vivienda por parte del casero por impago suele llevar una media de diez meses.
“El alquiler ha pasado de ser una decisión de rentabilidad a una decisión de gestión del riesgo”, afirma Daniela Salinas, responsable del departamento Jurídico de SEAG (Sociedad Española de Alquiler Garantizado). “Esto está influyendo directamente en el acceso a la vivienda y en la oferta disponible”.
Caseros e inquilinos
La experta resalta que ambas partes afrontan incertidumbres. Aunque, en el caso del casero, concentra el mayor riesgo económico y patrimonial, sobre todo en escenarios de impago.
“Mientras que el inquilino asume riesgos puntuales e inmediatos asociados al uso de la vivienda, el propietario afronta un riesgo estructural y financiero condicionado por el marco legal, que puede prolongarse durante meses”, sostiene Salinas.
Y es que el arrendador pone en juego un activo patrimonial y su estabilidad de ingresos. Si se produce un impago, eso deriva en costes judiciales, deterioro del inmueble y caída directa de la rentabilidad.
Sin olvidar que tiene la obligatoriedad de hacer frente a gastos de mantenimiento que garanticen las condiciones adecuadas de habitabilidad.
Mientras que el inquilino se expone a la pérdida de la fianza o responder a daños ocasionados durante el contrato.
“El inquilino arriesga su fianza o su comodidad, pero el propietario puede ver comprometida su inversión durante meses o años. El desequilibrio económico es evidente en escenarios de impago”, apostilla Salinas.
Con este panorama, no es de extrañar que los propietarios prioricen la seguridad frente a la rentabilidad. Y eso se traduce en unos criterios de selección cada vez más duros e incluso, en ocasiones, estableciendo medidas adicionales de protección.
De ahí que Daniela Salinas concluya subrayando que “el reto está en generar confianza. Un mercado del alquiler sano necesita seguridad tanto para propietarios como para inquilinos”.