La economía sumergida ha golpeado durante años a las empleadas del hogar, que llevaban a cabo su trabajo sin estar dadas de alta en la Seguridad Social porque no tenían otra alternativa para sobrevivir.
La consecuencia directa es que muchas de ellas, cuando miran al horizonte, no logran ver con claridad una jubilación digna que les premie por el trabajo realizado durante años. Según un informe publicado por Oxfam Intermón, hay 160.000 trabajadores del hogar con más de 55 años que se van a jubilar en 10 años sin la garantía de una nómina suficiente.
De hecho, la ONG revela que el 14% de este colectivo no va a disponer de ninguna prestación y que sólo el 45,9%, menos de la mitad, accederá a una pensión contributiva.
Problemas físicos y de salud
Un ejemplo evidente es el de Encarna, empleada del hogar a la que le ha golpeado de lleno la precariedad económica que sufre esta profesión. "Estoy trabajando desde los 15 años, me podré retirar a los 65 años y mi pensión será de 1.065 euros brutos", declara en una entrevista con los servicios informativos de Cuatro.
Además, el informe constata que la pensión media de este colectivo es de 710 euros al mes, prácticamente la mitad del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 1.221 euros brutos. Cuantía insuficiente que obligará a estas profesionales a prolongar su carrera más allá de la edad mínima de jubilación para poder pagar sus facturas.
Oxfam también hace hincapié en las secuelas físicas que les deja el cuidado del hogar a estas trabajadoras. De hecho, el 60% de las encuestadas sufre dolores musculares habituales y una de cada diez ha sido despedida por tener una baja médica.
Encarna también padece problemas físicos e incluso psicológicos después de 28 años desempeñando el oficio. "Básicamente son los huesos. Problemas en la espalda, cervicales, lesiones en los hombros. A nivel mental, ansiedad, depresión...", cuenta la mujer.
Para revertir la situación, la cooperativa pide que se reconozca la penosidad y el desgaste del trabajo de la profesión para acceder a beneficios como la jubilación anticipada sin penalización. A su vez, que se compensen las lagunas de cotización y que se asegure la cotización en base al salario real.
En España, hay más de 565.000 personas empleadas en el sector, del que el 87% son mujeres y el 32% trabaja sin un contrato formal. Circunstancia que refleja su precariedad y la urgencia de que las autoridades políticas den pasos rápidamente para mejorar la calidad de vida de este colectivo.
