La Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a los perros atados solos en la vía pública, como en la puerta de supermercados, sin la supervisión directa del responsable.
La norma no establece un tiempo mínimo permitido: cualquier ausencia del dueño, aunque sea de pocos minutos, puede suponer una infracción.
La prohibición busca prevenir robos, evitar el estrés y la ansiedad en los animales y reducir riesgos para terceros.
Las multas por incumplir esta norma oscilan entre 500 y 10.000 euros, y pueden aumentar si hay daños al animal o a otras personas.
Durante años ha sido una escena habitual en las calles españolas ver a perros atados a farolas o una barandilla mientras su dueño entra unos minutos a comprar el pan, sacar dinero del cajero o hacer una gestión rápida.
Sin embargo, esta práctica tan arraigada no está permitida desde la entrada en vigor en 2023 de la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe dejar a los perros solos en la vía pública sin supervisión.
La medida está recogida en el artículo 27.d de la norma, donde se establece expresamente la prohibición de mantener a los animales de compañía atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de la persona responsable de su cuidado y comportamiento.
La clave de la regulación está precisamente en ese concepto: la supervisión presencial. Es decir, la ley no impide que un perro permanezca atado en la calle si su propietario se encuentra junto a él o pueda controlarlo de manera directa.
Lo que queda prohibido es dejar al animal solo mientras se accede a un establecimiento o se abandona temporalmente el lugar.
Además, la normativa no fija ningún margen de tiempo. Da igual que la ausencia dure media hora o unos pocos minutos. En el momento en que el dueño pierde el control visual y directo sobre el animal, la acción puede considerarse una infracción.
No obstante, existe una situación excepcional. Si el propietario permanece dentro de un establecimiento con una cristalera que le permite observar continuamente al perro y reaccionar de inmediato ante cualquier incidente, puede entender que se mantiene la supervisión exigida por la ley.
Sin embargo, en cuanto el animal queda fuera del campo de visión del responsable, la excepción deja de aplicarse.
Detrás de esta prohibición hay varios motivos relacionados tanto con el bienestar animal como con la seguridad. Uno de los principales es la prevención de robos.
Los perros atados en la puerta de los comercios se han convertido en objetivos fáciles para redes de reventa ilegal o para personas que buscan apropiarse de ellos. A ello se suma el impacto emocional que puede sufrir el animal.
Los expertos en comportamiento canino advierten de que permanecer solo en un entorno lleno de ruido, tránsito de personas y estímulos desconocidos puede generar elevados niveles de estrés, ansiedad y sensación de desamparo.
La medida también busca evitar situaciones de riesgo para terceros. Un perro asustado o alterado puede reaccionar de forma imprevisible ante el acercamiento de otros animales o personas, especialmente si se encuentra atado y sin posibilidad de alejarse.
Las sanciones por incumplir esta norma no son menores. La ley considera esta conducta una infracción leve, castigada con multas que van desde los 500 a los 10.000 euros.
Además, si la situación provoca daños al animal o a terceros, las consecuencias pueden agravarse y dar lugar a sanciones mucho más elevadas.
Ante este escenario, la alternativa pasa por acudir a establecimientos que permitan el acceso de mascotas o, simplemente, realizar las compras sin el perro y reservar el paseo para otro momento.