La Unión Europea obliga a España a renovar las viviendas con peor eficiencia energética para reducir el consumo de energía primaria en un 16% antes de 2030.
Al menos el 55% de la reducción debe lograrse actuando sobre los edificios residenciales menos eficientes, que suelen tener aislamiento deficiente y sistemas antiguos.
Se impulsarán reformas como mejorar el aislamiento, cambiar ventanas y sustituir calderas, con ayudas de hasta 3.000 euros y deducciones fiscales de hasta 9.000 euros.
El certificado energético será clave y, antes de mayo de 2026, deberá adaptarse a una escala europea común de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente).
En su camino hacia un futuro más verde, la Unión Europea ha puesto en marcha una nueva normativa que apunta directamente las viviendas con menor eficiencia energética.
Con esta medida, Bruselas obliga a los Estados miembros, incluido España, a reducir drásticamente el consumo de su parque inmobiliario de aquí a 2030.
En la práctica, esto forzará la rehabilitación de los inmuebles que más energía desperdician, posicionando al certificado energético como una herramienta indispensable tanto para propietarios como inquilinos.
¿Qué dice la normativa?
La Directiva de la Unión Europea 2024/1275 relativa a la eficiencia energética de los edificios, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el 2024, establece que el consumo medio de energía primaria de las viviendas debe reducirse en un 16% antes del 2030, tomando el 2020 como año de referencia.
Así, al menos el 55% de esta reducción deberá lograrse actuando sobre los edificios residenciales menos eficientes, en otras palabras, las viviendas en peor estado a nivel energético
Lo cierto es que el parque de viviendas de España está muy envejecido; la mayoría tiene más de 10 años y problemas típicos como poco aislamiento, ventanas anticuadas y sistemas de calefacción obsoletos.
De esta manera, la exigencia del Ejecutivo comunitario no se traduce en que para el 2030 todos los propietarios tengan que reformar su vivienda, sino que el Estado estará obligado a poner en marcha medidas específicas sobre los inmuebles con peores prestaciones energéticas
El tipo de reformas que se pretende impulsar está relacionado con mejorar el aislamiento térmico de las fachadas y cubiertas, cambiar ventanas por otras más eficientes o sustituir calderas por sistemas más eficientes.
De hecho, en un intento de animar a los propietarios a hacer esto, en varias comunidades autónomas se dan ayudas de hasta 3.000 euros a los propietarios para cambiar las ventanas de sus viviendas por modelos más eficientes
Por su parte, Hacienda también ha impuesto deducciones de hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta a aquellos propietarios que mejoren la eficiencia energética de su inmueble.
Con esto, el certificado energético cobrará una mayor relevancia, tanto en viviendas de compraventa como de alquiler.
Nuevo certificado energético
Además, la normativa establece que antes del 29 de mayo de 2026, los países miembros deberán adaptar su sistema de certificados a una escala común europea de la A a la G.
La letra A corresponderá a los edificios con cero emisiones y la G a los menos eficientes del parque nacional.
¿Qué hará España?
La Directiva, a pesar de concretar los objetivos, deja a cada país margen para decidir cómo aplicarlos, dejando en manos de cada Gobierno los plazos, obligaciones concretas, ayudas, entre otros.
Así, el Ejecutivo español tendrá que definir qué viviendas van primero en este plan, qué requisitos pedirán y qué ayudas públicas se darán, especialmente en los casos de familias con menos recursos.