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Las claves

Ir al fútbol en Argentina ya no será solo cuestión de pasión ni de tener una entrada: ahora también dependerá del cumplimiento de las obligaciones familiares.

El Gobierno argentino ha decidido dar un paso más en el control de acceso a los estadios, incorporando una medida que convierte el fútbol en un escenario también de sanción social para quienes incumplen con el pago de la pensión alimentaria de sus hijos menores de edad.

La decisión, oficializada este miércoles 13 de mayo mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional publicada en el Boletín Oficial, modifica la normativa que dio origen al programa 'Tribuna Segura', encargado de regular las restricciones de concurrencia en espectáculos futbolísticos a nivel nacional.

¿Qué implica esta sanción?

Los deudores alimentarios son personas que incumplen de manera total o parcial con el pago de la cuota alimentaria fijada judicialmente para sus hijos.

Según el texto oficial, los estadios podrán restringir el ingreso a quienes se encontraren inscritos en un Registro Público de Alimentantes Morosos o su equivalente de conformidad con la normativa local.

La resolución, que podría afectar a unas 13.000 personas, establece que la restricción seguirá en vigor mientras persistan las circunstancias que motivaron su aplicación.

"Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas", expresó la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva en una publicación en la red social X en la que agregó: "El que no cumple con sus hijos, afuera".

Hasta ahora, el programa 'Tribuna Segura' permitía restringir la entrada a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, así como a quienes hubieran protagonizado conductas violentas o generaran riesgos para la seguridad pública.

También incluía a quienes se encuentren vinculados en situaciones de disturbios en la vía pública o hechos que afectaran el orden público, incluso en manifestaciones o concentraciones fuera de los estadios.

La medida se enmarca en una tendencia creciente en Argentina que utiliza el acceso a los estadios de fútbol como herramienta para garantizar el cumplimiento de obligaciones civiles.

Con esta ampliación nacional del programa de control, el Gobierno busca reforzar el carácter disuasorio de las sanciones administrativas y vincular el ocio masivo con las responsabilidades familiares.

En conjunto, el Ejecutivo consolida la idea de que el fútbol puede funcionar también como un espacio de control social y de cumplimiento judicial efectivo, integrando el refuerzo de las obligaciones parentales en el ámbito deportivo como parte de una política pública transversal.