Uno de cada cuatro propietarios en España venderá su vivienda al finalizar el contrato de alquiler.
El 24% de los propietarios opta por la venta, mientras que un 8% alquilará por habitaciones y un 2% destinará el inmueble al uso vacacional.
El aumento de la demanda y la falta de oferta están encareciendo el alquiler, sobre todo en grandes ciudades.
Quienes mantienen el alquiler tradicional prevén subir precios y exigir mayor solvencia económica a los inquilinos.
El mercado del alquiler en España entra en una nueva fase de tensión. Mientras muchos inquilinos ven cómo el precio de la vivienda sube sin freno, numerosos propietarios optan por abandonar el arrendamiento tradicional al finalizar sus contratos.
Y es que vender la vivienda, alquilar por habitaciones o destinarla al uso vacacional se ha convertido en una alternativa cada vez más atractiva.
En los últimos años, la demanda ha crecido con fuerza, especialmente en las grandes ciudades, mientras que el número de viviendas disponibles no ha seguido el mismo ritmo.
Este desequilibrio ha dificultado el acceso a la vivienda, elevando el esfuerzo económico que deben asumir los inquilinos.
Las razones son principalmente económicas, buscan mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, reducir los riesgos asociados al impago o a la incertidumbre regulatoria.
Los datos avalan este cambio de ciclo. Según uno de los últimos estudios de Fotocasa Research, se ha constatado que una de cada tres viviendas podría abandonar el mercado del alquiler tradicional al finalizar el contrato que tengan vigente.
En concreto, el 24% de los propietarios optará por vender el inmueble, mientras que un 8% lo destinará al alquiler por habitaciones y un 2% al alquiler vacacional.
Sin embargo, entre quienes permanecerán en el mercado tradicional también se anticipan ajustes al alza en los precios.
De los que se quedan en el alquiler tradicional, el 32% asegura que subirá el precio del arrendamiento una vez finalice el contrato vigente, priorizando la búsqueda de inquilinos con mayor capacidad y solvencia económica para protegerse frente a posibles impagos.
Esta tendencia apunta a un endurecimiento generalizado de las condiciones de acceso, con mayores exigencias económicas para los arrendatarios.
Y es que una menor oferta de vivienda en alquiler tradicional, combinada con precios más elevados, puede intensificar la competencia entre inquilinos y agravar los problemas de acceso, especialmente en los segmentos más vulnerables.