Preparar una oposición para acceder a los cuerpos superiores de la Administración del Estado exige constancia, dedicación y, sobre todo, recursos económicos.
Academias especializadas, preparadores, temarios, tasas y desplazamientos pueden convertir el proceso en una carrera de fondo difícil de asumir para muchos aspirantes.
Con el objetivo de reducir esa barrera económica y facilitar el acceso a la función pública, ya está en vigor la ayuda de hasta 7.000 euros anuales destinada a quienes preparan determinadas oposiciones del Estado.
Estas ayudas, reguladas por la Orden HFP/520/2023, están orientadas a quienes se preparan para ingresar en cuerpos adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública y cuya gestión depende del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
La finalidad es favorecer la igualdad de oportunidades y ampliar el acceso a los puestos de mayor responsabilidad dentro de la Administración General del Estado, especialmente en los cuerpos pertenecientes al subgrupo A1.
La cuantía máxima fijada asciende a 7.000 euros brutos al año, una cantidad destinada a sufragar los gastos que genera la preparación de una oposición de alto nivel.
Entre los conceptos subvencionables se incluyen el pago de academias o preparadores profesionales, la compra de material didáctico y temarios, las tasas de examen e incluso los gastos de alojamiento o desplazamiento cuando las pruebas selectivas obligan al opositor a trasladarse.
La forma de abono dependerá de cada convocatoria concreta, que establecerá si la ayuda se paga en un único ingreso o en varios plazos, así como si el dinero se adelanta antes de justificar los gastos o se entrega una vez acreditados.
Estas becas no se aplican a cualquier proceso selectivo, sino que están dirigidas a opositores que preparan plazas en determinados cuerpos superiores.
Entre ellos se encuentran el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (TAC), el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.
También la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como cuerpos técnicos y de inspección vinculados al Ministerio de Hacienda, como los de inspectores y técnicos de Hacienda.
Para acceder a esta ayuda es necesario cumplir con varios requisitos.
Uno de los principales es acreditar que la preparación se realiza de forma reglada, ya sea en un centro especializado o con un preparador profesional, siempre que no exista relación familiar directa.
Además, el solicitante no puede percibir otras ayudas públicas o privadas destinadas al mismo fin y debe contar con la titulación exigida para presentarse a la oposición correspondiente, normalmente un grado universitario o licenciatura.
La concesión de estas ayudas se realiza en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que las solicitudes se valoran conforme a un baremo. El criterio más importante es la renta familiar, que tiene un peso decisivo en la puntuación y actúa también como elemento de desempate.
Asimismo, se tiene en cuenta el rendimiento previo del aspirante, valorando especialmente si ha superado ejercicios en las dos últimas convocatorias de la oposición.
La convocatoria también contempla medidas de inclusión social, reservando un 7% de las ayudas para personas con una discapacidad igual o superior al 33%, con el fin de garantizar un acceso más equitativo a estos procesos selectivos.
No obstante, recibir esta ayuda implica asumir una serie de obligaciones. Los beneficiarios deben presentar cada seis meses una memoria justificativa con facturas y documentación que acrediten el destino del dinero recibido.
Por otra parte, es obligatorio aportar un informe del preparador que certifique el aprovechamiento del estudio y la evolución adecuada del opositor.
La beca puede renovarse hasta tres veces, siempre que el aspirante mantenga un rendimiento satisfactorio y participe en las convocatorias oficiales.
