El Gobierno estudia penalizar la compra de libros por Internet para proteger las librerías independientes.
El ministro de Cultura propone regular los gastos de envío en libros online, siguiendo el ejemplo de otros países europeos.
El sector editorial español mantiene buena salud económica, pero enfrenta desafíos como el aumento de ventas online y los costes logísticos.
Se busca un equilibrio entre el impulso al comercio local y la adaptación a los nuevos hábitos de lectura, especialmente entre los jóvenes.
El debate sobre el futuro del libro en España ha dado un nuevo giro tras las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha planteado la necesidad de introducir cambios normativos que afecten directamente a la compra de libros por Internet.
En su participación en el programa Hoy por Hoy de la Ser, Urtasun defendió la necesidad de proteger el ecosistema de librerías independientes, al que considera una pieza clave de la vida cultural del país.
Aunque reconoció que el mercado del libro atraviesa un momento de fortaleza, con una facturación cercana a los 3.100 millones de euros en 2025 y un crecimiento sostenido en la última década, advirtió de un desequilibrio creciente entre los canales de venta.
Las librerías de barrio, explicó, han ido perdiendo terreno frente a las grandes plataformas digitales, que concentran una parte cada vez mayor de las compras.
En este contexto, el Ministerio de Cultura trabaja en un conjunto de medidas que buscan corregir esa tendencia y reforzar la presencia del comercio local.
Entre las iniciativas ya en marcha destacan las ayudas directas a librerías pequeñas, destinadas a garantizar su viabilidad en un entorno cada vez más competitivo. Sin embargo, la medida que ha generado mayor debate es la posible regulación de los gastos de envío en la compra de libros online.
El Ministerio estudia la introducción de políticas similares a las aplicadas en otros países europeos, donde se establecen costes mínimos obligatorios para la entrega a domicilio.
El objetivo, según explicó el ministro, es evitar que el comercio electrónico tenga una ventaja estructural frente a la compra presencial, de modo que acudir a una librería de barrio resulte más atractivo y beneficioso para el consumidor.
La propuesta ha reabierto una discusión de fondo sobre los hábitos de lectura y consumo cultural en España.
El sector editorial, pese a su buena salud, se enfrenta a desafíos estructurales como la alta rotación de títulos, con un 13% de obras que apenas venden un ejemplar al año, y el aumento de los costes de producción y logística.
Al mismo tiempo, el perfil del lector está cambiando. La Generación Z lidera los índices de lectura, con un 76,9% de jóvenes lectores habituales, y muestra una fuerte inclinación hacia formatos digitales y géneros como el manga o la novela juvenil impulsada por redes sociales.
En este contexto, el Gobierno busca un equilibrio entre modernización y protección del comercio tradicional, una apuesta que, sin duda, seguirá generando debate en el sector cultural.