Publicada
Las claves

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado una orden que obligará a canalizar todas las llamadas publicitarias a través de números que empiecen por 400.

La norma entrará en vigor a partir del próximo mes de octubre, momento en el que los operadores deberán bloquear cualquier intento de comunicación comercial que no utilice este prefijo.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Antiestafas del Gobierno y responde a un problema creciente como es el volumen masivo de llamadas no solicitadas y el aumento de fraudes telefónicos.

Según el Ejecutivo, "esta nueva numeración de nueve dígitos tiene como objetivo principal permitir que el usuario identifique de forma inmediata la naturaleza comercial de la llamada antes de descolgar".

Se trata, por tanto, de una medida orientada a mejorar la transparencia y reforzar la confianza en las comunicaciones.

Desde el punto de vista técnico, el nuevo rango funcionará bajo un sistema de unidireccionalidad. Esto implica que el usuario podrá recibir la llamada, pero no devolverla.

En este sentido, el ministro Óscar López precisó que "los usuarios no podrán devolver las llamadas recibidas desde el nuevo prefijo 400", una limitación diseñada para frenar prácticas fraudulentas como el "callback", donde el usuario devuelve llamadas a números potencialmente peligrosos.

La orden ministerial da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en diciembre, que ya contemplaba la necesidad de diferenciar claramente las comunicaciones comerciales de otros tipos de contacto empresarial.

Así, las operadoras tendrán la obligación de filtrar e interceptar llamadas que utilicen numeración móvil o geográfica con fines publicitarios, reforzando el control sobre el uso indebido de estas líneas.

El nuevo sistema también tendrá implicaciones directas en la gestión de la privacidad.

Las compañías deberán ofrecer a los usuarios la posibilidad de bloquear de forma global todas las llamadas procedentes del rango 400, simplificando un proceso que hasta ahora dependía de registros externos o aplicaciones específicas.

El impacto potencial de la medida se entiende mejor a la luz de los últimos datos. Y es que desde marzo de 2025, las telecos han bloqueado cerca de 192 millones de llamadas fraudulentas y 17 millones de SMS.

Un volumen que evidencia de manera clara tanto la magnitud del problema como la necesidad de reforzar los mecanismos de control.

En paralelo, el regulador avanza en la lucha contra el fraude por mensajería mediante la creación de un registro de alias que permitirá verificar la identidad de los remitentes en SMS.

Con ambas iniciativas, el Gobierno busca acotar tanto el spam comercial como las prácticas delictivas, intentando introducir un marco más seguro y ordenado en el mercado de las telecomunicaciones.