Las claves
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Japón ofrecerá 300 euros por denunciar a inmigrantes ilegales, siempre que la denuncia derive en una orden formal de deportación.
La medida reactivará el artículo 66 de la Ley de Control de la Inmigración, vigente desde 1951, bajo el mandato de la primera ministra Sanae Takaichi.
Solo podrán recibir la recompensa quienes denuncien con su identidad real; funcionarios públicos quedan excluidos y las denuncias falsas tendrán consecuencias penales.
La nueva política endurece el control migratorio en Japón, afectando solo a quienes se encuentren en situación irregular, en un contexto de creciente rechazo hacia la inmigración.
La Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció un giro en sus políticas de inmigración colocando un incentivo monetario a las denuncias por inmigración irregular en el país.
Así, Takaichi ha reactivado el artículo 66 de la Ley de Control de la Inmigración, una norma de 1951, que gestiona la entrada, permanencia y salida tanto de extranjeros como de ciudadanos japoneses.
De esta manera, la novedad ha sido el poner un precio a la inmigración ilegal: 50.000 yenes (300 euros) por cada denuncia que resulte en una deportación. No obstante, hay ciertos criterios a seguir.
El riesgo de ser denunciado
A pesar de parecer la trama de una película de ficción, es la realidad de los migrantes en Japón que ahora se han convertido en un incentivo económico.
Así la Agencia de Servicios de Inmigración ofrece estos 300 euros por cada denuncia que derive en una orden formal de deportación.
Para evitar que la situación se descontrolara y se convirtiera en una especie de negocio, el Gobierno japonés decidió colocar unos filtros rigurosos.
Los funcionarios públicos no pueden cobrar esta 'recompensa', ya que se entiende que denunciar este tipo de irregularidades es parte de sus funciones públicas.
Por otro lado, no están permitidas las denuncias anónimas, con lo cual, todo aquel que opte por denunciar a un migrante en situación irregular debe proporcionar su identidad real.
Además, las acusaciones falsas o malintencionadas podrían tener graves consecuencias penales para el denunciante.
Con estas medidas, el Gobierno de Takaichi busca disuadir a todos aquellos que busquen hacer daño o bromas con esta medida. Sin embargo, aporta una recompensa a todos aquellos que se dediquen a la vigilancia vecinal.
Esta ley solo afectará a aquellos que se encuentren en situación irregular, es decir, cuyas visas o permisos de trabajo no estén vigentes, con lo cual no tengan motivo legal para estar viviendo en el país asiático.
Lo cierto es que esta postura antimigratoria no es novedad en el país del sol naciente, la llegada del Partido Liberal Democrático al poder ha endurecido las medidas contra los migrantes en el país en la búsqueda de una inmigración cero.
Así, Japón ha ido perdiendo tolerancia hacia los extranjeros que, en 2025, ya alcanzaba la cifra de 3,8 millones de residentes, la mayoría originarios de China, Vietnam y Corea del Sur.
A pesar de que estos extranjeros han contribuido a paliar la falta de mano de obra y el envejecimiento poblacional, la idea del Gobierno japonés es flexibilizar los visados para trabajadores técnicos y estudiantes, pero endurecer los controles migratorios habilitando medidas como la citada.