Las claves
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El Gobierno propone prohibir despidos y activar medidas de protección laboral ante el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo.
Entre las medidas destacan la activación de ERTE, ayudas directas a empresas y uso del mecanismo RED para facilitar la reducción de jornadas.
Sectores como la industria química, metalurgia, acero, farmacéutica, agrícola y agroalimentaria se verán especialmente afectados por el encarecimiento de energía y materias primas.
El objetivo es evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y transmitir tranquilidad frente al aumento de precios provocado por la crisis internacional.
La guerra en Oriente Próximo ha demostrado tener importantes repercusiones económicas en el mundo que probablemente acabará afectando los bolsillos de los españoles.
De esta manera, para proteger a los trabajadores la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que el Ejecutivo ya ha preparado una serie de medidas destinadas a proteger el empleo y apoyar a los sectores más vulnerables.
Entre estas herramientas destacan la activación del ERTE, la prohibición de despidos, las ayudas directas a empresas y el uso del mecanismo RED para facilitar la reducción de jornadas laborales.
El objetivo del Gobierno con estas medidas es transmitir un mensaje de tranquilidad tanto a trabajadores como empresas frente al riesgo de pérdida de poder adquisitivo provocado por el encarecimiento internacional de la energía y de las materias primas.
Según lo expresado por la ministra en una declaración de medios en Bruselas, las medidas ya han sido trasladadas a los agentes sociales y cuentan con un visto bueno: "Tenemos una panoplia de medidas que ni siquiera hay que aprobar, ya están a disposición", expresó.
Sectores especialmente afectados
Lo cierto es que desde el inicio del conflicto, materias primas como el petróleo, que ya ha llegado a 100 dólares el barril, y el gas han aumentado su precio considerablemente con motivo del cierre del estrecho de Ormuz.
Esto a su vez se traduce en que ciertas industrias tendrán que invertir más dinero en la producción de sus productos lo cual se verá reflejado en los precios finales que deberá pagar el consumidor.
De esta manera, el principal riesgo se encuentra en el encarecimiento de la energía y las materias primas, lo cual podría derivar en una pérdida de poder adquisitivo por todo lo mencionado.
Así, la ministra comentó que las industrias electrointensivas como la química, la metalurgia, el acero y la farmacéutica podrían estar entre las más afectadas por su elevado consumo eléctrico.
Por otro lado, el sector agrícola, la industria agroalimentario y determinados sectores exportadores, también pueden enfrentarse a impactos negativos por el alto coste de los fertilizantes.
"Vamos a intentar actuar en el impacto que genera la pérdida de poder adquisitivo", expresó Díaz en unas declaraciones recogidas por Europa Press.
Además, también aprovechó para transmitir "tranquilidad y serenidad" a los trabajadores y las empresas españolas porque "estamos preparados para actuar si esto fuera necesario".