Las claves
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El economista Gonzalo Bernardos critica las políticas de vivienda actuales, afirmando que han provocado una subida continua de los alquileres y una reducción de la oferta.
Bernardos señala que el intervencionismo y el control de precios en el alquiler han llevado a los propietarios a retirar sus pisos del mercado por miedo a no poder desahuciar a inquilinos morosos.
Las exigencias para alquilar en ciudades como Madrid y Barcelona se han disparado, solicitando ingresos mínimos elevados y dificultando el acceso a la vivienda a jóvenes y trabajadores con salarios bajos.
El experto advierte que las medidas adoptadas perjudican precisamente a los colectivos más vulnerables, mientras el precio del alquiler sigue subiendo de forma imparable.
El mercado inmobiliario español enfrenta una tormenta perfecta, en la que los planteamientos ideológicos colisionan con la lógica económica básica.
Para el economista Gonzalo Bernardos, el diagnóstico es demoledor: las políticas de vivienda actuales han logrado, por primera vez en la historia reciente, que el precio no deje de subir mientras la oferta se desploma.
Según una entrevista del experto en el podcast de Property Buyers, el intervencionismo se ha convertido en una "pócima mágica" que solo sirve para alimentar un espejismo electoral.
Las medidas con la vivienda
Bernardos denuncia que se está intentando convencer a la población de que existen derechos sin obligaciones. "Les dicen que van a poder vivir donde ellos quieran: al lado de papá y mamá o en un sitio emblemático y con mucha marcha", afirma el economista, calificando esta promesa de populismo puro.
Para sostener su crítica, Bernardos recurre a la historia. El control de precios no es una novedad en España; existió desde 1921 hasta 1985 con resultados catastróficos.
Los datos que aporta son una radiografía del abandono del mercado: en 1950, el 81% de los barceloneses vivía de alquiler, cifra que se desplomó al 23,6% tras décadas de rentas congeladas.
En Madrid, la caída fue igualmente dramática, pasando del 52% al 16%. "Cuando se asfixia la rentabilidad, el propietario retira el piso del mercado", sentencia.
Asimismo, uno de los puntos más incendiarios de su declaración señala directamente a la gestión de los desahucios. Lo que comenzó en 2020 como una medida humanitaria excepcional ante la pandemia, se ha cronificado en el sistema.
Bernardos advierte que esta normativa "seguirá en 2026", creando un escenario de indefensión total para el pequeño ahorrador.
"En Cataluña tardas 23 meses en sacar a un inquilino que no paga", indicaba el economista. "El Juzgado decreta el desahucio y lo recurren sistemáticamente. Estar casi dos años sin cobrar la renta es un problema inasumible que genera pánico".
Este "pánico" ha transformado las exigencias de entrada. Ante el miedo de que un inquilino sea declarado vulnerable, un estatus que, según Bernardos, podría alcanzar incluso a quien gana 10.000 euros si se dedica más del 30% a suministros y renta, los propietarios han blindado sus viviendas.
"Hoy en Madrid y Barcelona te exigen ingresos de 2.500 euros solo para empezar a hablar", explica el economista.
La paradoja final de este modelo es que "perjudica a quienes dice proteger". Al intentar topar los precios, se ha creado un mercado exclusivo para rentas altas, dejando fuera a los jóvenes y trabajadores con salarios bajos.
Para Bernardos, la falta de autocrítica en la administración responde a una rigidez ideológica casi religiosa: "Los que provienen de esa formación nunca rectifican porque creen estar en posesión de la verdad. Rectificar no está en su código".
Mientras la oferta sigue menguando, el alquiler continúa su escalada hacia las nubes, confirmando la tesis del economista: no se puede regular un mercado ignorando las leyes de la oferta y la demanda.