Las claves
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A partir de 2026, millones de beneficiarios de prestaciones por desempleo no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta.
La medida se aplicará al ejercicio fiscal de 2025 y busca reducir la carga administrativa para los trabajadores desempleados.
El cambio fue aprobado por el Gobierno tras fragmentar el real decreto-ley original y afecta exclusivamente a quienes reciben prestaciones por desempleo.
El Gobierno justifica la supresión de esta obligación porque considera que solo suponía una carga formal, alineando así la norma con la finalidad real de las prestaciones.
Importante cambio el que se avecina para miles y miles de contribuyentes el que se espera para 2026. Y es que no tendrán que hacer la declaración de la Renta. Así ha sido aprobado por el Gobierno. Primero, en el real decreto-ley ómnibus que fue rechazado por el Congreso. Después, en el posterior troceado para que sí fuese convalidado.
Así, el que se puede denominar como decreto 1, se centra en la subida de las pensiones y en medidas fiscales. Incluye la revalorización de las primeras para 2026 y la supresión de la obligación de presentar el IRPF a aquellos beneficiados con prestaciones por desempleo.
Mientras que, el decreto 2, pone el foco en el conocido como 'escudo social' y la vivienda. Entre otras medidas, incluye la moratoria antidesahucios para familias vulnerables.
Prestación por desempleo
La medida, como ya se ha dicho, será de aplicación para el ejercicio fiscal de 2025 (a presentar en 2026) y supone rectificar la obligación que figuraba en la reforma del subsidio de paro de 2024.
¿Por qué esta ‘vuelta de tuerca’? Porque el Real Decreto-ley ómnibus donde aparece modifica la Ley General de la Seguridad Social. Y lo justifica argumentando que la presentación de la declaración del IRPF por parte de estas personas "supone sólo una obligación formal".
En concreto, el Ejecutivo argumenta que dicha obligación "excede la intención de la norma, que inicialmente fue la de dotar de una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo".
Según explica, se incorporó una obligación similar para la prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con el objetivo de alinear ambas regulaciones.
Pero hace la siguiente matización: “Las diferencias sustanciales tanto en la normativa aplicable como en la finalidad de cada prestación" han llevado a desaconsejar esta obligación para los beneficiarios de la prestación por desempleo.
¿Por qué? Porque "además supondría un incremento innecesario de la carga administrativa para la persona trabajadora", remarca el texto.
Además, los datos necesarios para comprobar las declaraciones responsables de las personas que piden el subsidio de desempleo deben comprobarse por el SEPE a través de consultas a los datos tributarios de las personas beneficiarias.
Según el Gobierno, de haberse mantenido la obligación de presentar la Renta aumentaría las cargas administrativas de unos 2,5 millones de personas nuevas que accederían a la prestación por desempleo con la consiguiente carga de trabajo para la Agencia Tributaria.