Las claves
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El Gobierno ha planteado un nuevo modelo de bajas flexibles para aquellos empleados que por enfermedades graves, como cáncer, infartos o ictus, puedan volver a sus puestos de trabajo de manera progresiva y voluntaria después de los meses de incapacidad temporal.
La idea es que se combine parte del salario y de la prestación de incapacidad temporal, manteniendo la protección del sistema de Seguridad Social.
El Ministerio de Elma Saiz ha puesto esta medida sobre la mesa y ha generado un intenso debate entre sindicatos, expertos y asociaciones de pacientes por el riesgo de presión sobre quienes aún no estén plenamente recuperados.
¿Qué es esta propuesta?
La propuesta del Gobierno consiste en crear una modalidad de baja en la cual el trabajador pueda reincorporarse parcialmente al trabajo, es decir, por ejemplo, a media jornada. Esto, por supuesto, una vez se haya mejorado de su condición.
Esta modalidad va dirigida a procesos oncológicos, cardiopatías, isquémicos, ictus, traumatismos graves o post-trasplantes, con la posibilidad de que se añadan otras patologías graves.
El objetivo es que el trabajador pase un tiempo trabajando al 50% y después, si la evolución es buena, reanude la jornada completa.
La idea es que la medida se introduzca como reforma en el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social para introducir las bajas flexibles.
Ahora bien, en la práctica estas personas no estarán obligadas a reincorporarse a sus empleos, sino que será una decisión voluntaria y que además deberá estar condicionada por un alta médica por mejoría o recuperación que permita el trabajo parcial.
Mientras la persona trabaja en esta modalidad, la Seguridad Social seguirá pagando solo una parte de la prestación, es decir no se seguirá percibiendo el 100% de la misma, y la empresa pagaría el resto a través del salario.
De esta manera, estas personas podrán mantener un vínculo laboral y, al mismo tiempo, no se verán obligados a elegir entre seguir de baja completa o pedir el alta sin estar realmente recuperados.
Los argumentos del Gobierno para implantar esta medida son que aporta derechos y flexibilidad, facilitando la adaptación progresiva del empleado después de haber sufrido enfermedades incapacitantes, en lugar de dar un salto brusco a la baja laboral total.
Sobre todo, la implantación de esta medida permitirá combatir una de las crisis de España: las bajas de larga duración. Con esto, se pretende reorganizar tiempos y formas de reincorporación.
Sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) mostraron reservas con esta idea y alertaron de que podría derivar en presiones empresariales para volver al trabajo antes de tiempo, en los casos de estas patologías graves.
Lo que reclaman es que antes de hablar de incorporaciones tempranas se debe hablar de la falta de inversión sanitaria que alarga diagnósticos y tratamientos, prolongando las bajas.
A su vez, organizaciones especializadas en cáncer aprovecharon para recordar que el regreso al trabajo depende de muchos factores como el tipo de empresa, tamaño y apoyo recibido y que supone una transición.
Además, esto ha abierto otro punto de debate sobre la aplicación de esta normativa: al llegar a los 18 meses de baja, el contrato se suspende, la empresa deja de cotizar y la Seguridad Social decide si se concede una incapacidad permanente o se prolonga la baja.
Con esta nueva baja flexible, se preguntan los trabajadores si se cambian estas reglas. Lo cierto es que según ha comentado el ministerio de Seguridad Social, se mantendrá el mismo contexto de revisión de bajas de larga duración.
