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El decreto antidesahucios del Gobierno suspende los desahucios por impago hasta finales de 2026 si el inquilino es vulnerable y el propietario tiene tres o más viviendas.
Javier Medina, propietario de 11 pisos, critica la medida por considerarla injusta y afirma que incentiva a los propietarios a no alquilar a personas vulnerables por el riesgo de impago.
Medina explica que la inseguridad jurídica y los seguros contra impagos incrementan el coste del alquiler y dificultan el acceso a la vivienda por los numerosos requisitos.
La suspensión de desahucios solo afecta a los grandes tenedores, no a quienes tienen una o dos viviendas, generando preocupación entre propietarios con varias propiedades.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó al Congreso el llamado decreto antidesahucios que, aunque aún no ha sido aprobado, ya ha generado preocupación entre los grandes tenedores.
El motivo de esta inquietud radica en que para aquellos propietarios con tres o más viviendas, el decreto dicta que se suspenderán los desahucios por impago hasta el 31 de diciembre de 2026, si el inquilino es vulnerable y no tiene alternativa habitacional.
Con esto, el propietario de 11 viviendas en alquiler, Javier Medina, optó por exponer su punto de vista como propietario de múltiples inmuebles en el programa Espejo Público.
"Es completamente injusto"
Medina comentó que en efecto tiene 11 viviendas entre la Comunidad Valenciana y Cataluña. No obstante, anuncios como el del 'escudo social' han hecho que decida vender alguna porque "hay mucho riesgo de impago" y no sabe si podrá sacar al okupa de su vivienda.
Lo cierto es que el propietario fue contundente sobre su opinión respecto a esta normativa que intenta pasar por el Congreso el Ejecutivo: "Es completamente injusto que se haga esa diferenciación", señaló refiriéndose a la distinción entre grandes y pequeños propietarios.
Así, comparó la situación con la de un panadero: "Es como si un panadero con todo su esfuerzo monta una panadería, le empieza a ir bien y con los años consigue montar una segunda panadería y viene el Gobierno y le dice 'no como a ti ya te va bien, hazte tú responsable'".
Lo cierto es que el imperio habitacional de Medina, en efecto, es producto de mucho esfuerzo. A los 18 años ya estaba dado de alta como autónomo y el dinero que ganó lo invirtió en viviendas hasta conseguir comprar 11 de ellas y alquilarlas para seguir reinvirtiendo dicho dinero.
El propietario confesó que hasta ahora no se ha encontrado con ningún inquilino que se niegue a pagarle, pero no atribuyó esta hazaña a la suerte sino a que "hago un estudio previo y contrato siempre".
No obstante, confesó que ha tenido "morosos de algunos meses, pero han terminado pagando". Así, recalcó que además "siempre contrato un seguro que me cubra estos costes".
Tras mencionar esto, añadió que tener este tipo de seguros para evitar impagos, al final, "hace incrementar el coste de la vivienda, es decir, la inseguridad jurídica que produce el que la gente no pague, se traslada al cliente final".
Esta inseguridad que sienten los arrendadores también tiene otro efecto y es que se convierte en imposible acceder a una vivienda por la cantidad de documentos y requisitos que se piden.
"Pedimos una nómina, es decir, que tenga un contrato de trabajo, el DNI y se hace un estudio jurídico para revisar que no tenga impagos y no esté en el listado de morosos y, con eso, adelante", enumeró Medina.
Con esto, el propietario fue muy directo: "El Gobierno nos está diciendo abiertamente a los propietarios que no alquilemos a personas vulnerables porque no los vamos a poder tirar en caso de un impago".
¿Qué es el 'escudo social'?
El 'escudo social', supone una paralización de los desahucios por impago hasta el 31 de diciembre del 2026 en los casos en que el inquilino acredite vulnerabilidad y el propietario tenga tres o más viviendas.
El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros, pero aún no ha pasado el filtro del Congreso de Diputados donde todavía no tiene una mayoría asegurada.
Esta suspensión no aplica en aquellos propietarios con dos o menos viviendas, sino tan solo en los considerados 'grandes tenedores'.
Lo cierto es que la sensación de Medina sobre este decreto es compartida por los grandes tenedores, que tiemblan con la posibilidad de encontrarse con un okupa, ya que se traduce en importantes pérdidas económicas.