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Las claves

Fue el pasado 1 de enero de 2025 cuando España debería haber traspuesto la directiva 2020/285 para la reforma del IVA. Una norma comunitaria que permite eximir del IVA a los pequeños autónomos.

Otros países europeos ya lo han hecho, como Alemania, Francia o Italia. Sin embargo, en España no es así. Una medida que, de llevarse a cabo, beneficiaría a entre 1,5 y 2 millones de pequeños autónomos, según los cálculos de Navas & Cusi.

Bruselas fija como límite máximo 85.000 euros de facturación, pero cada Estado puede fijar la cifra que quiera. Los estados también pueden optar entre hacer el sistema obligatorio o voluntario y/o excluir o circunscribir a determinados sectores.

Impacto millonario

Navas & Cusí, despacho especializado en derecho comunitario, calcula entre 3.000 y 5.000 millones de recaudación neta el impacto de trasponer la directiva.

“Puede que el primer impacto sea un recorte en los ingresos por IVA pero la experiencia de otros países de nuestro entorno que ya aplican la directiva es que no han notado recortes sustanciales en los ingresos”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.

¿Por qué? Según explica el experto, porque “probablemente al simplificar la burocracia aflore parte de la economía que estaba sumergida”.

Por esta razón, Navas anima al gobierno a trasponer cuanto antes la directiva y evitar la sanción. Recordemos que la Comisión Europea ya abrió a finales del año pasado expediente sancionador a España porque la directiva debía de haber sido traspuesta el 1 de enero del año 2025.

“Si no hay reacción rápida, el incumplimiento podría llegar al TJUE [Tribunal de Justicia de la Unión Europea] que probablemente sancionaría”, explica Navas. “No es sólo cuestión de evitar la sanción, sino de lealtad institucional y de apoyo al tejido productivo más vulnerable”, añade.

Asimismo, Juan Ignacio Navas remarca que, en un entorno de enorme competitividad internacional, “España no puede quedarse atrás castigando a sus pequeños empresarios”.

¿Qué han hecho otros países? Alemania ya aplica la exención de IVA para aquellos que facturen menos de 22.000 euros anuales; Francia la aplica sólo a los que facturen menos de 33.800 euros en el sector servicios; e Italia es el país más generoso y aplica el máximo permitido por la directiva: exención para todos aquellos que facturen menos de 85.000 euros.

“España es el único país que no ha traspuesto la directiva y eso coloca a nuestros pequeños autónomos en posición de desventaja competitiva”, lamenta Navas que denuncia que el gobierno se escuda en otras figuras como el régimen especial o el recargo de equivalencia o la exención exclusiva para los que importen o exporten a la UE menos de 100.000€.

“No es que no podamos permitírnoslo; es que el Estado prefiere recaudar fácil a costa de la productividad del microempresario”, concluye el socio-director de Navas & Cusí.