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Las claves

“Donde dije digo, digo Diego”. Esta popular frase se suele utilizar para desdecirse de algo o rectificar algo dicho. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno con el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal.

Introducido en un primer momento en el decreto ómnibus, y tras su rechazo en el Congreso de los Diputados, en esta ‘segunda oportunidad’, en forma de dos nuevos reales decretos-ley, ha quedado ‘fuera de juego’.

Y lo ha hecho por la falta de apoyos necesarios para sacar la medida adelante. Así, el Ministerio de Hacienda ha dado marcha atrás a una medida con la que pretendía penalizar la venta de inmuebles efectuadas pocos años después de su compra.

Así era la subida

La plusvalía municipal lo que grava no es la casa, sino el aumento del valor del suelo urbano donde está ubicado el inmueble. Y funciona aplicando una serie de coeficientes que se asignan al año de la compra relacionado con valor catastral del suelo en el momento de la venta, herencia o donación.

Un modelo que se remonta a 2021, cuando la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo cambió tras tres sentencias del Tribunal Constitucional contrarias al modelo antiguo.

Los nuevos coeficientes previstos para 2026, que estuvieron vigentes hasta que el Parlamento tumbó el decreto ómnibus, llegaban a incorporar subidas de hasta el 40% de los coeficientes. ¿Cuáles eran?

Vayamos por partes. Los más afectados eran aquellos que pusieran en venta inmuebles con menos de 15 años de vida. En concreto, aquellos que decidieran venderlos con una antigüedad de entre 9 y 11 años.

Así, si tuviera nueve años, el incremento sería del 40%; diez años, del 33,33%; y once años, del 30%. Inferior era el aumento para los inmuebles de 8 años (21,05%) y de doce años (22,22%).

Entre trece y quince años, la subida sería del 11,11%, mientras que para siete años, hablamos de un incremento del 10%.

Aquellos que vendieran por debajo de siete años, el aumento previsto era el siguiente: seis años (5,26%); cuatro y cinco años (0%); dos y tres años (7,14%); y un año (0%).

Ese 0% también se aplicaría a quienes vendieran su propiedad con una vida de 16 años. A partir de ahí, la carga fiscal sería inferior: 17 años (-17,69%); 18 años (-5,88%); 19 años (-4,35%); y 20 años o más (-12,50%).

Cifras que han quedado olvidadas en el ‘baúl de los recuerdos’ al no incluir la propuesta en ninguno de los dos reales decretos-ley que todavía deben pasar el visto bueno del Congreso.

Eso sí, el Gobierno todavía tiene un ‘as en la manga’.Y es que podría incluir dicha actualización de la plusvalía municipal en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. Algo que se comprometió a hacer en el primer trimestre del año.