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Las claves
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La derogación del decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones, el escudo social y otras medidas fiscales ha generado una gran incertidumbre en las empresas. A la hora de confeccionar las nóminas del mes de febrero, miles de trabajadores pueden ver cambios importantes.

Al quedar derogadas las subidas que estaban previstas para el año 2026, muchos tienen dudas acerca de los baremos a aplicar en las nóminas del segundo mes del año, muchas de las cuales se elaboran en los primeros días del mes.

Además de la subida del 2,7% de las pensiones contributivas, el decreto recogía la subida de tres cotizaciones: la subida del mecanismo de equidad intergeneracional al 0,9%; el incremento de la base máxima de cotización en un 3,9% para alcanzar los 5.101,2 euros mensuales (61.214 euros al año); y el aumento de la cuota de solidaridad hasta el 1,15-1,45%.

Los empresarios y sindicatos, así como otros expertos, instan al Gobierno a que lleve de inmediato un decreto con las medidas oportunas para despejar las dudas que puedan tener los departamentos de recursos humanos de las empresas y las gestorías.

Lo más indicado es que el problema se resuelva antes del 15 de febrero, ya que será a partir de ese momento cuando se comience a gestionar la mayor parte de las nóminas. De no llegar la resolución a tiempo, las nóminas de febrero se tendrán que llevar a cabo en los términos de 2025.

Esto supondría que se aplicaría un mecanismo de equidad del 0,8%, una base máxima de cotización de 4.909,50 euros mensuales y una cuota de solidaridad de entre el 0,92% y el 1,17%.

Duplicidades y cargas administrativas

En el caso de que las cotizaciones de 2026 se aprueben en una fecha cercana al momento en el que se confeccionen las nóminas, se podría provocar que muchas gestorías o áreas de recursos humanos tengan que duplicar su trabajo.

Las empresas destacan la importancia de que se aclaren estas cuestiones, sobre todo porque, en lo que respecta a las cotizaciones y las nóminas, cada día de retraso tiene un coste a afrontar.

Esta circunstancia ya se produjo el pasado año y por el mismo motivo, por lo que muchos gestores están preparados para poder sacarlo hacia adelante. Pese a todo, cambiar las normas sobre la marcha puede generar inseguridad, confusión y costes que no deberían asumir trabajadores ni empresarios.

En este sentido, hay quienes aseguran que la derogación del decreto genera un escenario de inseguridad jurídica dentro de un momento que es crítico para la gestión de nóminas, ocasionando que muchas empresas tengan que revisar cálculos de urgencia y criterios de cotización.

Desde los departamentos de recursos humanos y la gestión de nóminas se insiste en que los cambios normativos en plazos tan cortos aumentan el riesgo de que haya errores, además de llevar a que sean necesarias regulaciones posteriores y suponer un extra de carga administrativa adicional no prevista.

Este es un gran inconveniente para las empresas, para las cuales la previsibilidad normativa y la estabilidad son claves para poder garantizar una gestión eficiente y segura tanto para las empresas como para los empleados.

Prórroga del SMI

El último efecto sobre el pliego de cotizaciones y confección de las nóminas se encuentra en la caída de la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), que el Ministerio de Trabajo había incorporado en el texto para disponer de un colchón salarial hasta que se apruebe la nueva cuantía de 2026, que hará que se eleve hasta los 1.221 euros al mes.

Después de que el Gobierno haya emitido una instrucción para que se garantice que ningún contrato laboral se firme por debajo del salario mínimo. Sobre la prórroga del SMI, se debe tener en cuenta que en el ejercicio 2025, ante una situación semejante, la Dirección General de Trabajo determinó un criterio interpretativo que se podría aplicar actualmente.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la interpretación de la Dirección General de Trabajo, el salario mínimo interprofesional tampoco podría verse reducido ni afectado por la falta de convalidación de su prórroga.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que la subida del SMI para 2026 es "inminente", recalcando que se aprobará este mes de febrero, concretamente entre mediados y finales del mes. Además, estima que, "como mucho", el aumento aparecerá publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en un plazo de tres semanas.

Como decimos, el SMI alcanzará los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supondrá un aumento del 3,1% (37 euros más al mes y 518 euros más al año) con respecto al salario mínimo interprofesional actual. Este se aplicaría con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Otro de los puntos más importantes del acuerdo alcanzado por Trabajo con los sindicatos para subir el SMI (y que fue rechazado por la patronal) es el cambio en las reglas de absorción y compensación de pluses.

En la actualidad, las empresas, para llegar al SMI establecido en cada momento, pueden contar con los diferentes pluses salariales, es decir, absorberlos para poder llegar de esta manera a la cuantía mínima fijada por la ley.

Ahora el Gobierno buscará evitar que las subidas del SMI no acaben beneficiando íntegramente a las personas que reciben esas cantidades, además de garantizar la estructura de la negociación colectiva.