Las claves
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Alimentar animales callejeros en la vía pública sin autorización puede conllevar multas de hasta 3.000 euros en España.
La Ley 7/2023 da a ayuntamientos y comunidades autónomas la potestad de regular la alimentación de animales en la calle mediante ordenanzas propias.
Las sanciones buscan evitar problemas de salubridad, proliferación descontrolada de colonias y conflictos vecinales.
Solo los programas municipales controlados, con cuidadores acreditados, permiten alimentar a estos animales de forma legal y segura.
Se estima que en España hay más de 286.000 perros y gatos abandonados o recogidos, es decir, callejeros. Por ello, muchas personas, como acto de bondad y empatía, deciden alimentarlos para satisfacer sus estómagos durante un momento.
Sin embargo, a pesar de la simpatía de este gesto, lo cierto es que en muchos casos puede suscitar una sanción como una multa de hasta 3.000 euros.
Esto se debe a que la Ley de bienestar animal permite a las comunidades autónomas y ayuntamientos marcar su propia normativa para gestionar las colonias con programas controlados, que en muchos casos rechazan alimentarlos de forma descontrolada.
Multas por alimentar a animales callejeros
Dar de comer a animales callejeros puede parecer un gesto de bondad, pero en España, hacerlo en la vía pública sin autorización puede tener consecuencias legales muy graves.
Las ordenanzas municipales, apoyadas en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, otorgan a los ayuntamientos competencias para regular la convivencia urbana, la salubridad y la gestión de animales, incluida la alimentación.
Cada municipio tiene potestad para definir sus propias normas y sanciones. Así, alimentar animales callejeros fuera de programas controlados, como los programas CER (Captura, Esterilización y Retorno) con cuidadores acreditados, se considera infracción grave en muchos lugares.
Las multas no son simbólicas: en municipios como Ingenio (Gran Canaria) o Guadalajara, se prevén sanciones de hasta 3.000 euros.
Otros consistorios, como algunos de Alicante o Ibi, sitúan estas conductas en infracciones graves o muy graves, mientras que localidades como San Sebastián de los Reyes aplican multas de hasta 1.500 euros cuando la alimentación genera suciedad o se realiza sin permiso.
La lógica detrás de estas normas no es represiva, sino práctica y sanitaria. La comida en la calle puede atraer plagas como roedores o insectos, generar malos olores y conflictos entre vecinos, y complicar la limpieza urbana.
Además, alimentar sin control aumenta el tamaño de colonias de gatos o perros no esterilizados, favoreciendo enfermedades, peleas y sufrimiento animal.
Los programas municipales buscan un control ordenado, con supervisión veterinaria y cuidadores acreditados, garantizando el bienestar de los animales y la seguridad pública.
La Ley 7/2023 refuerza este enfoque, impulsando la gestión de colonias felinas y la regulación de los puntos de alimentación, de modo que los animales reciban atención adecuada sin afectar al entorno urbano.
Alimentarlos por libre no solo compromete este control, sino que también expone a los ciudadanos a multas elevadas, que en algunos casos superan los 3.000 euros.
En definitiva, aunque la intención sea buena, alimentar animales callejeros en la vía pública sin seguir los programas oficiales es ilegal y puede resultar muy costoso.
La normativa busca proteger tanto a los animales como a la comunidad, promoviendo soluciones que combinen bienestar animal, higiene urbana y convivencia vecinal.
Antes de ofrecer comida en la calle, es importante informarse sobre los programas municipales y actuar dentro de la legalidad, evitando sanciones que podrían superar con creces cualquier gesto de generosidad.