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Las claves

En 2026, el Gobierno ha impulsado una modificación en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que puede suponer una oportunidad económica importante para muchos jóvenes que hasta ahora quedaban fuera de esta prestación.

Tras años de debate sobre la dificultad de emanciparse en España, el Gobierno ha confirmado que las personas mayores de 23 años podrán solicitar el IMV aunque convivan en el domicilio familiar.

Esta posibilidad estará condicionada a que los solicitantes cumplan una serie de requisitos que acrediten su situación económica y su independencia real dentro de esa convivencia familiar.

Año nuevo, condiciones nuevas 

Con la reforma de 2026, el IMV se ha revalorizado en torno a un 11,4%, situando la cuantía máxima para una persona sola en aproximadamente 733 euros al mes.

Se trata de la cifra más alta que puede percibir un beneficiario individual, aunque el importe final dependerá de sus ingresos y patrimonio.

De esta forma, no todos los jóvenes que vivan con sus padres recibirán automáticamente esta cantidad, pero sí podrán acceder a la ayuda si cumplen las condiciones de vulnerabilidad económica.

La clave de la modificación está en el nuevo enfoque sobre la independencia económica, que deja de estar condicionada automáticamente por la convivencia con los padres.

El IMV permitirá así que quienes convivan con sus padres puedan demostrar que no forman parte de la unidad económica familiar, que no comparten gastos ni ingresos de manera estructural y que, en la práctica, dependen de sí mismos para cubrir sus necesidades.

Para los jóvenes de entre 23 y 29 años, esta independencia puede acreditarse si han vivido de forma independiente durante los dos años anteriores, aunque hayan vuelto temporalmente al hogar familiar. Para los mayores de 30 años, el periodo exigido se reduce a un año.

Además, los jóvenes de entre 18 y 23 años que tengan menores a su cargo también pueden acceder a la prestación, siempre que acrediten que son responsables de su manutención.

Por otro lado, para acceder al IMV se debe acreditar residencia legal y continuada en España, así como que los ingresos y el patrimonio estén por debajo de los límites establecidos.

A la hora de calcular la prestación, la vivienda habitual queda excluida, aunque otros bienes y recursos financieros sí influyen en la cuantía final.

Con esta reforma, el Gobierno reconoce que convivir con los padres no siempre implica dependencia económica y amplía el acceso al IMV a jóvenes que hasta ahora quedaban fuera, reforzando su apoyo económico y su capacidad de emancipación.