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Las claves

Uno de los sectores en los que hay más mano de obra migrante es en el campo. La mayoría de los jornaleros en España, realmente, no son españoles sino marroquíes, rumanos, senegaleses y latinoamericanos, entre otros.

Lo cierto es que los agricultores han comentado en numerosas ocasiones la importancia que tienen las personas extranjeras en este sector, principalmente porque existe un importante problema de relevo en esta línea de trabajo.

Así, Andrés García es agricultor en un campo de aceitunas y presidente de la Unión de Uniones de Agricultores de Castilla-La Mancha, habló en Espejo Público sobre cómo esta nueva ley realmente afecta al campo y a sus trabajadores extranjeros.

"Hay que igualar las condiciones"

El agricultor fue directo al grano con la situación de los migrantes en el campo: "Al campo no quiere venir prácticamente nadie, y lo poquito que viene son personas extranjeras en general; hay algunos españoles, pero la mayoría son extranjeros".

Con esto, García señaló que realmente el problema es "la forma en la que se aplican luego las leyes": "La regulación como tal por sí sola no va a hacer que haya mejor posibilidad de contratar", explicó.

Señaló que esto es realmente porque el campo español funciona distinto a una empresa a nivel de contratación y, de hecho, esta es una situación por la que se han reunido con la delegación del Gobierno "para intentar buscar soluciones".

"Nos dividen los trabajadores entre ilegales y legales", comenzó explicando. "A los ilegales se les da el empadronamiento, la tarjeta sanitaria y hasta que pasen dos años, no se les puede hacer el contrato de un año".

El problema con esto es que "los agricultores en general tenemos cosechas de 15 días, 20 días o un mes; no tenemos la capacidad económica de contratarlos por un año, con lo cual ese tipo de contrato no nos sirve porque no podemos contratar a esa gente con un alta".

Ahora bien, en el otro lado de la balanza están aquellas personas que se encuentran legalmente en España y ahí el problema, según el agricultor, es que "no se quieren dar de alta porque cuando termina el contrato, tardan mes y medio en recuperar la ayuda y están mes y medio sin cobrar".

Frente a esta problemática, el temporero manifestó que "lo que llevamos pidiendo desde hace años es que en cuanto se produzca la baja del contrato, que la recuperación de la ayuda sea automática".

Lo que se puede traducir realmente de esta situación es que, "aunque quieras darles de alta ellos no quieren", ya que, para ellos supone enfrentarse a un mes y medio, mientras recuperan el paro, sin ingresos.

Andrés García, presidente de la Unión de Uniones de Agricultores Castilla-La Mancha. Antena 3

En este sentido, otra de las sugerencias que han hecho los agricultores es que, teniendo en cuenta que en el momento que se firma un contrato, en las condiciones que sean, tiene que haber un acuerdo de las dos partes, así, "cuando los pillen sin estar de alta, la denuncia sea para las dos partes".

"Es para que los dos tengan el mismo interés en estar dados de alta y en cotizar, de esa forma habría gente", expresó García.

Esta solución permitiría evitar las situaciones de contratación irregular en el campo y permitir que los agricultores coticen y aporten a la Seguridad Social.

El agricultor no dudó en mostrarse muy sincero y expresó que, en el campo, si a los trabajadores no se les ofrecen acuerdos que les favorezcan "no van a ir a trabajar", el motivo es que "tienen donde elegir en el campo porque no tenemos a nadie para trabajar".

"El trabajador en el campo exige y puede exigir, porque hay falta de mano de obra, pero hay que igualar las condiciones", acabó sentenciando García.

Con esto, el mensaje del jornalero fue claro: la población migrante en el campo es necesaria, tanto así que suponen aproximadamente 283.000 trabajadores. Sin embargo, esta regularización, en este sector, no podrá ser la solución a sus problemas.