Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

La historia se repite: el Congreso de los Diputados ha dicho 'no' con los votos de PP, VOX, UPN y Junts al conocido como decreto ómnibus que incluye diferentes medidas como la subida de las pensiones, la moratoria de los desahucios y el bono social eléctrico, entre otras.

¿Adiós definitivo? No. Todo parece indicar que el Gobierno recurrirá a un nuevo real decreto-ley como ya ocurrió a principios del año pasado. Entonces, finalmente se llegó a un acuerdo con Junts y salió adelante.

Hasta su presentación, y su previsible aprobación, alrededor de 60.000 familias pueden verse afectadas por procedimientos antideshaucios.

Familias vulnerables

Fue un acuerdo con Eh Bildu el que hizo que el Gobierno presentara la prórroga de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables. Por eso aprobó en el último Consejo de Ministros de 2025 un decreto que incluía la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables.

También, en el mismo, aparecía la prohibición de cortes de suministros básicos como luz, agua y gas, así como la prórroga del bono social eléctrico. Medidas que iban a caducar el pasado 31 de diciembre.

Conviene recordar que todas estas medidas arrancaron con motivo de la pandemia. En concreto, fue el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, el que incluyó la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Posteriormente, se fue renovando año a año. La última vez, con el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero. Se aplica a hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994.

También a aquellos hogares que estén en una vivienda sin título y que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Fruto de esta situación, los propietarios buscan aquellos arrendatarios que les ofrezcan mayor seguridad. De ahí que se estén produciendo auténticos procesos de selección donde muchas familias son rechazadas.

Como señalan los expertos, familias con menores, mayores de 65 años, familias monoparentales o personas que deben asumir el alquiler con una sola renta perderán sistemáticamente la opción de ser elegidas para alquilar vivienda.

Además, muchos propietarios, cuando recuperen sus viviendas tras largos meses de litigios, acabarán por sacarlas del mercado, lo que enquistará todavía más el problema de la falta de alquiler.