Las claves
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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para unos 250.000 empleados de la Administración General del Estado en 2026.
La medida, incluida en el 'Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI', será negociada con los sindicatos antes de su implantación.
Los sindicatos piden que la jornada reducida se extienda al personal de Instituciones Penitenciarias y reclaman recuperar la jubilación parcial anticipada.
La reducción de jornada llega tras tres años de retraso y equipara a la Administración central con otras administraciones autonómicas y locales que ya la aplican.
Después de una larga espera de tres años, el Gobierno ha puesto en marcha el proceso para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).
Esta medida era un compromiso incluido en el 'Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI' firmado junto a los sindicatos el 19 de octubre de 2022.
El Gobierno pretende instaurar la medida entre febrero y marzo, sin haber facilitado una fecha exacta; además, la Secretaría de Estado de Función Pública elaborará nuevas instrucciones de jornada y horarios aplicables en la AGE y en los organismos públicos.
¿En qué consiste la medida?
Esta medida contempla reducir a 35 horas semanales la actual jornada laboral de la AGE, que actualmente se sitúa en 37,5 horas.
Se pretende que esta medida afecte a 250.000 trabajadores y para intentar avanzar el proceso, los días 10 y 11 de febrero se reunirá la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente para informar a los subsecretarios y responsables de personal de los ministerios sobre la propuesta.
Esta medida supone una mejora de las condiciones laborales del personal de la AGE y, además, equipara a la Administración central con otras administraciones públicas que ya aplican esta medida.
De esta manera también se negociará formalmente la propuesta con los sindicatos antes de comenzar con su implantación efectiva.
¿Qué dicen los sindicatos?
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), a pesar de valorar positivamente dicho avance, reclaman que esta medida se expanda al personal de Instituciones Penitenciarias.
Además, reclaman que se recupere la jubilación parcial anticipada, la cual consideran que supone un derecho vulnerado para miles de trabajadores públicos.
Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) enfatiza en que la medida, aunque celebrada, llega con tres años de retraso y recalca que las 35 horas semanales es una medida ya aplicada en otras administraciones autonómicas y locales.
Además, los sindicatos también piden un desarrollo en la opción del teletrabajo, impulsar la promoción interna y actualizar las indemnizaciones por razón de servicio.
La subida salarial
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, afirmó en Telecinco que la jornada de 35 horas se implantará "tan pronto como sea posible", agregando que "nosotros estamos hablando con los sindicatos; este es un acuerdo que vamos a cumplir".
No obstante, López también aprovechó para subrayar que la prioridad del acuerdo era dignificar la subida salarial, señalando que más de tres millones de empleados públicos ya están viendo un incremento del 4% en sus nóminas de diciembre y enero.
De esta manera, la verdadera disputa de esta medida es el ritmo de implantación de la misma, ya que podría ser entre febrero y marzo, como pidieron los sindicatos, o, más bien, ligada con los Presupuestos Generales del Estado de 2026, como planteó en un principio el ministerio.