Las claves
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El Gobierno fijará un límite transitorio del 22% TAE para créditos al consumo, como microcréditos y tarjetas revolving, para proteger a los consumidores de intereses excesivos.
La medida no afecta a hipotecas ni a préstamos para empresas; solo se aplica a créditos rápidos, online y productos de financiación para particulares.
La normativa establece además un plazo mínimo de devolución de tres meses, un interés mensual máximo del 4% y una comisión tope del 5%, con un máximo absoluto de 30 euros.
Las entidades financieras deberán estar registradas y verificar la solvencia del cliente antes de conceder estos créditos, haciendo los productos más transparentes y seguros.
Hoy en día es bastante frecuente ver cómo los bancos ofrecen créditos en todo tipo de negocios, desde compras de coches a móviles pasando por zapatillas o accesorios.
Esto venía bajo la promesa de 'compra hoy, paga después' y que, en muchos casos, alcanzaba intereses altos que endeudaban a los consumidores.
No obstante, estos créditos al consumidor tienen los días contados con el nuevo Anteproyecto de Ley que prepara el Consejo de Ministros.
El nuevo límite en los créditos rápidos
El Gobierno ha establecido un límite transitorio del 22% TAE para los créditos al consumo en España, una medida destinada a proteger a los consumidores de intereses excesivos y a reducir el riesgo de sobreendeudamiento.
Este "techo" legal afecta principalmente a los préstamos rápidos y microcréditos que, hasta ahora, podían alcanzar tipos de interés muy elevados.
Sin embargo, no todos los préstamos se incluyen en este límite. La regulación se aplica a los créditos al consumo, es decir, préstamos rápidos online, microcréditos, tarjetas revolving y otros productos de financiación "paga en X meses" que no constituyan hipotecas.
En cambio, no afecta a las hipotecas ni, por el momento, a préstamos dirigidos exclusivamente a empresas. El objetivo es proteger a los consumidores particulares, quienes suelen ser más vulnerables a prácticas de sobreendeudamiento.
Asimismo, la TAE, o Tasa Anual Equivalente, refleja el coste total anual de un crédito, incluyendo el interés nominal, las comisiones obligatorias y la forma en que se distribuyen los pagos en el tiempo.
Con el nuevo límite, ningún crédito al consumo puede superar una TAE del 22%. Por ejemplo, un préstamo con una TAE del 25% estaría incumpliendo la normativa vigente.
El límite transitorio del 22% se mantendrá hasta que entre en vigor el sistema definitivo, que no se aplicará de manera uniforme a todos los créditos.
En este régimen futuro, el máximo se calculará tomando la TAE media del mercado, actualmente en torno al 7%, y añadiendo un margen que dependerá del importe del préstamo: créditos pequeños, de hasta 1.500 euros, el margen será de 15 puntos, situando el máximo en torno al 22% TAE.
Para los créditos medios, de entre 1.500 y 6.000 euros, el límite se reducirá a aproximadamente el 17%; y para los préstamos de mayor cuantía, superiores a 6.000 euros, el máximo se situará cerca del 15%.
Esta estructura permitirá que los tipos se ajusten de manera proporcional al tamaño del crédito y al riesgo asociado. Algunos microcréditos de 200 a 300 euros a 30 días alcanzaban TAEs extremadamente elevadas, incluso superiores al 2.000%.
La nueva normativa establece límites claros: el plazo mínimo de devolución será de tres meses, el tipo de interés mensual no podrá superar el 4% y la comisión máxima se fija en un 5%, con un tope absoluto de 30 euros.
Además, el coste total de estos microcréditos no podrá ser superior al de un préstamo estándar a 12 meses por el mismo importe.
En la práctica, un microcrédito de 300 euros que antes podía costar aproximadamente 100 euros en un mes tendrá ahora un coste máximo de 40 euros si se paga en tres meses, o de 20 euros si se liquida antes de plazo.
Ahora bien, ¿cuál será el impacto para los consumidores? Los créditos rápidos seguirán existiendo, pero con condiciones más transparentes y responsables.
Las entidades financieras solo podrán concederlos si están registradas y supervisadas, y deberán verificar la solvencia del cliente, revisando ingresos, deudas e historial crediticio.
Por otro lado, muchas ofertas deberán ajustar tipos de interés, comisiones y plazos para cumplir la normativa, lo que reducirá los productos más agresivos y limitados a perfiles de alto riesgo.
En conjunto, la medida asegura que los créditos al consumo sean menos costosos y más seguros, al tiempo que fomenta la prudencia en el acceso al crédito.