Publicada

El desconocimiento que los ciudadanos tienen sobre sus propios derechos suponen, en muchas ocasiones, una piedra en el camino. En este sentido, muchos ciudadanos piensan que para poder recibir ayuda legal gratuita en España es necesario estar ya en medio de un juicio, enfrentando una demanda o un pleito complicado.

Sin embargo, la realidad es otra: la ley reconoce el derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito incluso antes de iniciar cualquier proceso legal.

Este derecho está recogido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que regula el acceso gratuito a la justicia para quienes no disponen de recursos económicos suficientes.

No se trata solo de defender un caso ante un juez, sino de recibir consejos desde el primer momento en que se presentan dudas legales.

El término "asesoramiento jurídico gratuito previo al proceso" implica que, antes de presentar una demanda, de responder a un requerimiento judicial o de tomar cualquier decisión que tengan implicaciones legales, es posible obtener información y orientación jurídica sin coste.

Esta orientación puede incluir la exposición de si un caso tiene opciones de prosperar, recibir información sobre si existen alternativas legales o sobre plazos, derechos y deberes legales que se deben cumplir.

Todo esto está contemplado en el apartado de prestaciones de la asistencia jurídica gratuita según el artículo 6 de la ley, que incluye explícitamente el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso.

Reconocido por la Constitución

Este derecho no aparece solo en una ley antigua cualquiera. Tiene su base en la Constitución Española, que en el artículo 24 garantiza el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión.

Para que ese derecho sea real, la ley 1/1996 obliga a que incluso quienes no cuentan con recursos suficientes puedan acceder a un abogado o asesoramiento jurídico sin coste.

¿Quién puede solicitarlo?

La asistencia jurídica gratuita no está pensada solo para personas en situaciones extremas. La ley la concede a quienes acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar ante los tribunales, basándose en determinados umbrales de ingresos.

Además, hay colectivos que pueden acceder a esta asistencia sin necesidad de demostrar su falta de recursos, incluso para recibir asesoramiento antes de presentar una denuncia o querella.

Entre ellos están las víctimas de violencia de género, las personas afectadas por terrorismo o trata de seres humanos o los menores de edad o personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental en casos de abuso o maltrato.

Esto significa que, en esos casos, la ley reconoce de forma automática la asistencia, también en la etapa inicial en que se busca orientación.

¿Cómo se solicita?

El procedimiento para acceder a esta asistencia normalmente se tramita ante el servicio de asistencia jurídica gratuita de tu colegio de abogados local o a través de los servicios administrativos de justicia. Allí se rellena una solicitud y se aporta información sobre ingresos y situación familiar.

La importancia de este derecho radica en que no solo protege a quienes ya están envueltos en un proceso judicial, sino también a quienes todavía dudan si deben iniciar uno.

Esto es clave en situaciones como conflictos laborales, problemas de vivienda, derecho de familia o reclamaciones civiles, donde una mala decisión por falta de información puede acarrear consecuencias graves.

En definitiva, puedes y debes informarte desde el principio, y la ley te ampara para que lo hagas sin tener que pagar por ello si no tienes recursos suficientes.