El primer día de huelga de sanitarios en Sevilla arranca con un 30 por ciento de participación, la segunda más alta de Andalucía solo por detrás de Huelva, que ha contado con un 31,73 por ciento. Así lo recogen los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.
En comparación, la huelga anterior, convocada el 12 de diciembre de 2025 por los mismos motivos, contó en su primer día con una participación del 36 por ciento en Sevilla, marcando entonces la cifra más alta de Andalucía.
El resto de la provincias ha registrado los siguientes porcentajes: Almería, 28,46 por ciento; Cádiz, 23,83 por ciento; Córdoba, 17,49 por ciento; Granada, 21,06 por ciento; Jaén, 15,71 por ciento y Málaga, 25,57 por ciento.
Este primer día de paros forma parte de un calendario de cinco jornadas de huelga repartidas a lo largo de febrero de 2026, que continuarán presionando al Ministerio de Sanidad para la mejora de las condiciones laborales de los profesionales médicos.
La huelga, organizada por varios sindicatos médicos, tiene un carácter intermitente y escalonado, con semanas de paro que se prolongarán hasta junio de este año, según fuentes sindicales.
El motivo central de la protesta es el rechazo al nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, que, según los médicos, no reconoce adecuadamente la responsabilidad, formación y carga laboral del colectivo sanitario.
Entre sus demandas se incluyen aspectos como una jornada laboral de 35 horas semanales, la remuneración justa de las guardias, mayor autonomía profesional, y un estatuto propio que contemple la carrera profesional y la especialización.
En Sevilla, los hospitales y centros de salud han registrado seguimiento notable, aunque no generalizado, y se han activado servicios mínimos para garantizar la atención de urgencias, partos y tratamientos críticos.
Sin embargo, algunas consultas programadas y procedimientos no urgentes podrían verse aplazados o reprogramados.
Los sindicatos señalan que el objetivo de estas jornadas es mantener la presión negociadora, buscando abrir un diálogo efectivo que permita mejorar la calidad de vida de los médicos y, en consecuencia, garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.