Hubo un tiempo, no tan remoto, en que España conoció a un caballero de gesto contrito y sonrisa beatífica, que predicaba la paz perpetua, repartía alianzas de civilizaciones como quien reparte estampitas y juraba, mano sobre el corazón, no haber visto jamás a Maduro sino en sueños.

Hoy, aquel mismo caballero, don José Luis Rodríguez Zapatero, aparece citado como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales ante la Audiencia Nacional, en virtud de auto de 18 de mayo de 2026 dictado por el magistrado Calama Teixeira, que le emplaza a comparecer el 2 de junio en la Sala Polivalente de la calle García Gutiérrez.

Larra, de levantarse de su tumba, no escribiría ya «Vuelva usted mañana», sino «Vuelva usted al juzgado». Y se reiría amargamente, como nos reímos todos los que aún creemos que la justicia, pese a todo, llega.

El auto y su contundencia

Conviene leer el auto antes de opinarlo, costumbre que hoy parece extravagante.

Son 85 páginas en las que el instructor describe, con meticulosidad notarial, una «estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras», articulada mediante un «entramado societario complejo» nutrido de sociedades instrumentales —Análisis Relevante, Whathefav SL (administrada por las hijas del expresidente), Sofgestor, Inteligencia Prospectiva, Caletón, Idella Consulenza Strategica, Voli Analítica, etc.

El instructor no improvisa: encadena conversaciones intervenidas, contratos, facturas, registros bancarios y la inestimable colaboración del Homeland Security Investigations norteamericano, que entregó la extracción del teléfono de Rodolfo Reyes. Los mensajes son de un realismo costumbrista que avergonzaría al propio Larra: «Nuestro pana Zapatero detrás», «Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana», «No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI».

Plus Ultra, o el milagro de los 53 millones

El relato fáctico es un manual de tráfico de influencias. En plena pandemia, Plus Ultra —aerolínea con vínculos venezolanos y deuda con la Seguridad Social pese a un certificado misteriosamente favorable— necesita rescate público. Sus directivos buscan «llegar a Ábalos», fracasan por la vía bancaria y descubren el atajo: «Acaba de hacerse el puente con ZP», escribe Rodolfo Reyes a Julio Martínez Sola el 28 de abril de 2020.

A partir de ahí, todo fluye con la naturalidad de un río amaestrado: reuniones con el secretario de Estado Pedro Saura, intervención de Koldo García —«el amigo»—, una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander que comienza «Siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero», y el 9 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprueba 53 millones de euros para Plus Ultra. Antes incluso de la decisión formal, Julio Martínez Martínez —«el tocayo», «el lacayo», pieza ejecutora de la trama— ya felicita a Camilo Ibrahim Issa por la concesión: sabía el desenlace antes que el Consejo Gestor del FASEE.

La «boutique financiera» —así la bautizan los propios investigados— cobra su 1% mediante Idella Consulenza Strategica (641.300 euros), más contratos paralelos con Análisis Relevante y Voli Analítica, mientras Idella constituye filiales en la zona franca de Dubái «para desviar al extranjero los fondos derivados del contrato con Plus Ultra, evitando su percepción en España».

Ahí está Dubái, sí; y ahí está Venezuela, con Manuel Fajardo como «pieza de ZP en Venezuela»; y ahí está el «equipo» que opera desde la oficina de Ferraz, donde una secretaria, María Gertrudis Alcázar, fabrica facturas ad hoc bajo instrucciones que llegan desde la cuenta ` presidentezapatero@presidentezapatero.com `.

Los “abogados” del régimen

Tres días han bastado para movilizar al ejército de paniaguados. Sánchez, ministros, altos cargos socialistas, tertulianos a sueldo y hasta algún juez amigo se han lanzado a defender lo indefendible.

Sorprende, eso sí, que el catedrático Javier Pérez Royo —el mismo que en su día dictaminó contra el Tribunal Supremo en la causa del Procés— se atreva a sostener que el auto del Juez Calama está “jurídicamente vacío” y que “no hay nada, hay mucha palabrería”

Lo dice quien no es penalista, ignorando que los arts. 118 y 775 LECrim sólo exigen «indicios racionales de criminalidad» —datos objetivos, plurales y concordantes— para la imputación, y no la prueba plena propia de la sentencia. Una falta de respeto al instructor y, peor aún, una falta de rigor impropia de su cátedra. No obstante, basta que defienda a alguien para ser su gafe.

Estos defensores son los mismos que disculparon a la mujer de Sánchez, al hermano de Sánchez, al exfiscal general condenado, y que ampararon a Ábalos y a Koldo hasta que el bochorno fue insostenible. La coreografía se repite: primero negar, luego minimizar, después atacar al juez, y finalmente —cuando ya no queda otra— susurrar que «todos lo hacían».

Un antes y un después

Es la primera vez en la historia democrática que un presidente del Gobierno español es citado como investigado. El acusado había paseado durante años su impunidad del brazo de Maduro y Delcy Rodríguez, había hecho turismo institucional por Pekín y había fingido no conocer el patio trasero de Plus Ultra.

Se creía intocable. Y quizá lo fuera, hasta que un teléfono incautado en Estados Unidos cruzó el Atlántico.

En las próximas horas conoceremos más piezas del expediente. El nerviosismo en La Moncloa, en Ferraz y en los partidos satélites es ya pánico mal disimulado.

Vuelva usted mañana, sí; pero esta vez la justicia no estará cerrada.