Esta semana se ha cumplido un año de la muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida precipitándose por la azotea del edificio en el que vivía tras haber sido víctima, presuntamente, de acoso escolar.
El caso de la joven sevillana reavivó el debate sobre el 'bullying' en el país. Toda España se manifestó para apoyar a su familia y denunciar esta triste realidad y ahora la Fiscalía de Menores acusa a dos de las alumnas de dos delitos.
La movilización y el impacto en la sociedad provocó que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP), reforzara los protocolos de actuación. Protocolos que, por cierto, el Irlandesas Loreto, centro en el que estudiaba Sandra, no activó.
En estos últimos 365 días, la Administración regional ha cambiado la normativa, que ahora es mucho más dura.
La medida central, y la más llamativa, pone el foco en el acosador. Desde que el pasado mes de agosto se publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto, ahora será el menor que se burla o agrede a otro quien, de confirmarse esta situación, deba abandonar el colegio en el que estudian. Esto antes no pasaba, si se trasladaba a alguien de centro, esa era la víctima.
La cuestión la planteó el Gobierno andaluz el pasado año durante el primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, celebrado en Córdoba bajo el lema Andalucía frente al Acoso. En él, el Ejecutivo de Juanma Moreno situó el ciberacoso como uno de los grandes retos educativos y sociales de los próximos años.
Según explicó la consejera, María del Carmen Castillo, esta decisión busca garantizar un entorno seguro para la víctima y reforzar la convivencia escolar, ante situaciones en las que las conductas de acoso persisten pese a las medidas adoptadas.
Más comunicación con la Inspección Educativa
La Inspección Educativa toma aún más protagonismo con la nueva norma. El organismo estará al tanto de todo lo que pasa desde el primer momento. Será el colegio quien abra el expediente, pero no habrá que esperar a que se confirme la situación de acoso para avisar a la Junta.
Además, todo debe quedar registrado en el Sistema de Información Séneca desde el minuto uno. Con ello se pretende facilitar el seguimiento y dejar constancia del proceso.
De esta forma, la Junta de Andalucía quiere poner fin al acoso en los colegios de la comunidad.
Según los datos de aportó la responsable de Educación en una entrevista en la cadena Cope, durante el pasado curso 2024-2025 se registraron un total de 3.412 aperturas de expedientes en toda la región. Finalmente, 236 de ellos fueron confirmados.
Caso de Sandra Peña
Tal y como se ha mencionado antes, en el caso de la sevillana Sandra Peña no se activó la normativa a la que obligaba la Junta.
Sin embargo, la magistrada Mercedes Alaya, la encargada de la causa, acordó el sobreseimiento de la misma al considerar que, a pesar de que las medidas que adoptó el colegio fueron "insuficientes", "no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida".
Además, la jueza consideraba que las "personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería".
De esta forma, Alaya dio carpetazo a la querella interpuesta por la familia de la víctima al centro.
Concretamente, los progenitores demandaron al director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante".
En paralelo, el pasado jueves se conocía que la Fiscalía de Menores acusaba a dos de las tres alumnas investigadas por la muerte de Sandra de dos delitos.
En concreto, el Ministerio Público les imputa delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas tras considerar que existen indicios que confirmarían la responsabilidad de estas estudiantes en la decisión de la joven de acabar con su vida.
Los padres de Sandra, Zara Villar y José Peña, han pedido en reiteradas ocasiones una "sanción contundente y ejemplar" por parte de la Consejería al colegio. En este sentido, desde el departamento autonómico han explicado a este medio que la medida se decidirá una vez que el Juzgado de Menores se pronuncie tras las conclusiones de la Fiscalía.