Alrededor de una veintena de alumnos de los 83.000 que estudian en las dos universidades públicas de Sevilla boicotearon el pasado martes el acto de apertura del curso académico de la Universidad Pablo de Olavide. El grupo de manifestantes comenzó a gritar e increpar al nuevo consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, durante su intervención.
La situación ha acabado empañando el inicio del año universitario en la capital andaluza. Y es que cabe destacar que hace unas dos semanas comenzaron las clases de la Universidad de Sevilla (US) y el acto se desarrolló con normalidad.
Según han indicado fuentes de la UPO a EL ESPAÑOL, los alumnos que protagonizaron el escrache se manifestaban en "defensa de la educación pública".
Al respecto, Paradela ha defendido que los Presupuestos de la Junta para este 2027 contarán con 120 millones de euros más que los de 2026. En total, la partida ascenderá a 180 millones.
La cita en el Paraninfo de la institución estaba discurriendo sin interrupciones hasta que comenzó a hablar el titular de Universidades.
Jorge Paradela iba a defender que "la juventud tiene algo extraordinario: todavía puede decidir quién quiere ser. Y esa libertad es, al mismo tiempo, su mayor oportunidad y una responsabilidad que merece ser ejercida con los ojos abiertos. Cervantes, que conocía muy bien la condición humana, puso en boca de don Quijote una frase que me parece especialmente apropiada para una universidad: El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho".
Antes de que el responsable del departamento regional pudiese concluir, alrededor de 20 jóvenes ataviados con camiseta verde y pancartas en las manos comenzaron a gritar "¿cómo voy a estudiar si no lo puedo pagar?".
Sanciones
Ahora, según ha indicado fuentes de la UPO a EL ESPAÑOL, los alumnos que protagonizaron la protesta se enfrentan a sanciones.
No obstante, estas aún están por determinar. Antes de decidir cuál será el castigo que la institución imponga al alumnado, se tiene que evaluar qué tipo de falta cometieron: muy grave, grave o leve.
Las mismas fuentes señalan que se tendrá en cuenta la legislación interna de la universidad y también lo que señala la Ley de Convivencia Universitaria estatal.
En los casos más graves, esta última ley permite incluso la expulsión de la universidad durante un periodo de entre dos meses y tres años. La sanción quedaría además reflejada en el expediente académico hasta que se cumpla por completo.
También se contempla la pérdida de derechos de matrícula, que puede aplicarse durante un curso o un semestre.
Para las faltas graves, las medidas son menores, pero también pueden tener consecuencias académicas.
Entre ellas, una expulsión de hasta un mes o la pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria de la asignatura en la que se haya cometido la infracción.
En el caso de las faltas leves, la respuesta prevista es una amonestación privada.
La normativa abre además la puerta a sustituir determinadas sanciones por medidas de carácter educativo o recuperador, siempre que se trate de una falta grave y se cumplan las condiciones previstas en la ley.
En todo caso, la propia legislación permite a las universidades concretar o graduar estas sanciones a través de sus reglamentos internos, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación estatal.
En paralelo, Paradela ha lamentado que parte del estudiantado haya "reventado" el acto "sin escuchar ni mi discurso ni el del rector".
El consejero ha abogado por una "reflexión" dentro de la UPO porque "es el segundo año en el que ocurre algo así" en este campus, aludiendo, además, a que en el resto de las universidades ha habido protestas pero no dentro del Paraninfo.
El año pasado, la manifestación tuvo lugar en la plaza de la universidad, cuando alrededor de 30 alumnos protestaron frente al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Durante el escrache, el rector de la UPO, Francisco Oliva, pidió -sin éxito- a los alumnos que guardasen silencio y que escucharan al consejero.
Finalmente, después de unos cinco minutos de tensión, el máximo responsable de la universidad decidió suspender el acto.
Al respecto, desde la UPO justifican la decisión de Oliva señalando que "desalojar a los estudiantes habría supuesto un riesgo de respuesta imprevista por parte de los mismos".
Es por ello por lo que "se ha optado por actuar con prudencia y proceder a la suspensión del acto".