El conflicto entre los representantes sindicales de los trabajadores municipales y el Ayuntamiento de Sevilla por la externalización de la limpieza de los colegios públicos de la ciudad se traslada, por un lado, a la calle con una manifestación y, por otro lado, llega a los juzgados.
Desde que el 16 de enero el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, anunciara la externalización de los servicios de limpieza de los 108 CEIP que son responsabilidad del Consistorio a una empresa privada, el Comité de empresa se ha levantado en protestas.
El primer edil hispalense subrayó que se trataba de una medida para "aliviar la carga de trabajo" de los trabajadores municipales ante la necesidad de mantenimiento que tienen en la actualidad los centros educativos de la ciudad, que están, según fuentes municipales, "sucios".
En este sentido, el Ayuntamiento anunció un contrato de 25 millones de euros por dos años para un nuevo sistema de limpieza escolar, que comenzaría en septiembre de 2026.
En consecuencia, el Comité de empresa anunció una serie de protestas y manifestaciones con la intención de hacer llegar al Gobierno local su descontento con la situación.
Entre estas iniciativas plantearon "unas fiestas de la primavera calentita", haciendo referencia a una huelga que aglutinaría el parón de trabajadores de otros ámbitos municipales, como Tussam o Lipasam.
"Pérdidas de empleo"
En la misma reunión en la que dieron a conocer esta "amenaza", afirmaron que uno de los motivos de su negativa a la medida era que "más de 300 familias" de personal temporal perderían su puesto de trabajo.
El Consistorio, por su parte, ha negado en todo momento que se vayan a producir pérdidas de empleo. Su intención, de hecho, aboga por reordenar a las personas en los diferentes edificios municipales.
Según explicaron a este periódico, existen más edificios que precisan de limpieza, como es el caso de las sedes administrativas o los centros cívicos.
"De casi 350 edificios que estaban en manos de estos trabajadores, se van a extraer los 108 colegios que dependen del Ayuntamiento, que pasarán a la empresa privada, pero el resto de edificios se van a tener que seguir limpiando por parte de los trabajadores que ya están contratados", desarrollaron.
De esta forma, el Ayuntamiento mandó un mensaje contundente: "Los que están ahora mismo contratados van a pasar de limpiar colegios a limpiar otros edificios, eso es seguro".
Solicitaron a los sindicatos "responsabilidad a la hora de transmitir los mensajes a los trabajadores".
Manifestación
Asimismo, el presidente del Comité, Jorge Menacho, anunció una estrategia de movilización sostenida, con presencia sindical en todos los actos públicos del alcalde.
También advirtió sobre una reunión conjunta de todos los comités de las empresas municipales a comienzos de febrero, que se produjo finalmente el 3 de febrero.
En la reunión anunciaron una manifestación conjunta para el 19 de febrero. También insistieron en que no se trata de un problema solo para los trabajadores del Ayuntamiento, sino para la ciudadanía.
Como respuesta a esta situación, el alcalde de Sevilla advirtió que no cedería "al chantaje" de los sindicatos. Aseguró tener "la mano tendida siempre, pero chantajes ninguno".
Escalada de tensión
Sin embargo, la tensión comenzó a escalar tras la celebración del Pleno municipal del 29 de enero, en el que se aprobaron los Presupuestos de 2026.
En el mencionado acto, los agentes de seguridad tuvieron que desalojar del salón en el que se celebraba el acto a los peones de limpieza municipales.
Fuentes municipales señalaron a este periódico que varios integrantes del sindicato intentaron acceder nuevamente a la sede consistorial sin autorización horas después de haber sido desalojados, lo que obligó a los agentes de policía presentes en el Ayuntamiento a pedir refuerzos para poder expulsar a los manifestantes.
El viernes 30, los delegados de Recursos Humanos y Educación, Ignacio Flores y Blanca Gastalver, fueron increpados y seguidos por un grupo de personas mientras se desplazaban por la vía pública.
Estos hechos fueron calificados desde el Ayuntamiento como un "escrache" con "intimidación y acoso" por parte de los manifestantes.
Por su parte, los sindicatos implicados, entre ellos CCOO y UGT, rechazaron las acusaciones de agresión o escrache, insistiendo en que la movilización fue pacífica y que su objetivo fue únicamente visibilizar la oposición a la externalización del servicio.
Jorge Menacho aseguró que no se trató de un acto violento, sino de una concentración de protesta.
Denuncia ante la Fiscalía
Sin embargo, la situación del 30 de enero ha terminado ante la Fiscalía. Gastalver y Flores presentaron el 3 de febrero una denuncia contra "varios presuntos empleados de la limpieza municipal no identificados".
En el documento se puede leer que "los denunciantes" fueron increpados el pasado viernes 30 de enero "con insultos e intimidaciones por un numeroso grupo de personas, posiblemente empleados de la limpieza municipal".
Se expone que estas personas les siguieron "durante su recorrido a pie a la salida de la sede" del Ayuntamiento de Sevilla, "presuntamente con el fin de amedrentar a los miembros del Gobierno municipal en relación con la externalización del servicio de limpieza de los colegios".