La Fiscalía de Menores acusa de dos delitos a dos de las tres alumnas investigadas por el suicidio de la sevillana Sandra Peña.
Cuando se acaba de cumplir un año de la muerte de la menor de 14 años tras precipitarse por la azotea del edifico en el que vivía, el Ministerio Público ha concluido la investigación que continuaba abierta para esclarecer el grado de responsabilidad de las compañeras en lo sucedido.
Según han confirmado fuentes judiciales a EL ESPAÑOL, la Fiscalía considera que hay indicios que demostrarían que dos de las estudiantes del colegio Irlandesas Loreto investigadas podrían haber incurrido en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas.
La noticia, que ha sido adelantada por Diario de Sevilla, llega semanas después de que se conociera el archivo penal de la querella interpuesta por los padres de la joven al centro en el que estudiaba.
Concretamente, la familia demandó al director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante".
La jueza Mercedes Alaya acordó el sobreseimiento de estas acusaciones al considerar que, a pesar de que las medidas que adoptó el colegio fueron "insuficientes", "no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida".
Además, la magistrada consideraba que las "personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería".
Es más, ya ha sido demostrado que los docentes no activaron los protocolos antiacoso a los que obliga la normativa vigente.
La familia de Sandra Peña viene remarcando la "multitud de errores" cometidos por el centro y pide "contundencia" a la Junta al estimar que el centro en el que se encontraba escolarizada la menor, "no abrió el protocolo" de actuación frente al acoso y "no protegió" a la joven, por lo que viene solicitando una respuesta "contundente y ejemplarizante" por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Según confirmaron fuentes de este departamento autonómico a EL ESPAÑOL, la Junta estaba a la espera del veredicto de la Fiscalía de Menores para decidir la sanción interpuesta.